Más de 23.000 embargos a víctimas de la mafia de los pagarés fueron levantados por los jueces de paz del departamento Central y capital, excluyendo el Juzgado de Paz de Recoleta. Los mismos se dieron por caducidad, levantamiento o se ordenó su archivo.

Para el Ministro de la Corte, Víctor Ríos, esto es algo excepcional, ya que en el derecho civil porque no forma parte de la cultura jurídica procesal del Paraguay, ya que es una disputa entre privados.

“Siempre hubo una gran discusión entre sí el juez debe ser un simple árbitro y no interesarse por el resultado del proceso, si es justo o no, sino que debe limitarse a que se cumplan las reglas o el juez debe ser un poquito más, entre comillas, activo y, por ejemplo, cuando determina que hay una clara violación de un derecho fundamental, aunque la parte afectada no se dé cuenta, el juez debe tomar una decisión para proteger ese derecho afectado”, explicó.

En este caso, los jueces de paz tomaron medidas que normalmente no se toman, es decir, de oficio, al considerar que se violaron los derechos de las víctimas de la mafia de los pagarés, por tal motivo, levantaron los más de 23.000 embargos que pesaban sobre los mismos.

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Se necesitan más jueces de Paz

Según el ministro, son necesarios más jueces de paz y funcionarios que trabajen en los juzgados, porque es físicamente imposible que jueces y ujieres llevan miles de casos, como se reveló en la trama de la mafia de los pagarés.

“Cuando uno plantea una cosa así, parece ser que está justificando lo sucedido y no es así, en realidad es una de las causas de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay un juzgado de paz en capital que tiene, por ejemplo, una infraestructura que le permite tener físicamente en el juzgado 150 expedientes; sin embargo, en ese juzgado de paz se manejan más de 50.000 expedientes, ¿eso qué demuestra?, que claramente necesitamos más jueces de paz”, sostuvo.

Otro problema es que Paraguay tiene una muy poca cantidad de jueces con relación a sus habitantes, lo que hace que sea necesaria una reforma estructural del Poder Judicial.

Recordó que a los juzgados de paz se les dio la competencia de resolver los juicios ejecutivos debido a que existían varios procesos pendientes de poco valor que recargaban indebidamente a los juzgados de primera instancia en lo civil, que tienen muchos casos que tienen que ver con sucesiones, divorcios, juicios por daños, juicios ordinarios, entre otros, lo que generó que absorbieron una cantidad inmanejable de expedientes.

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“Hay mucha gente perjudicada, lo que se están tomando son medidas extraordinarias para reparar en la medida de las posibilidades y también cuando hablamos de reparación, no solamente reparación patrimonial, sino también tratando de que sean sancionados penalmente los responsables”, señaló.

Juicio político a la Corte

Sobre la posibilidad de hacer juicio político a los ministros de la Corte, como el caso de César Diesel, cuyo hermano es dueño de una de las empresas involucradas en la Mafia de los Pagarés, dijo que no existe argumento alguno.

“Distinto sería si en los juicios, vamos a suponer que estos 23.000 expedientes hayan llegado a la Corte vía apelación ante la Sala de Civil o vía acción de inconstitucionalidad a la Sala Constitucional, y la Sala Civil y la Sala Constitucional hayan validado todos los procedimientos”, indicó.

Recordó que la labor de superintendente es administrativa en lo jurisdiccional, por lo que los jueces tienen autonomía en el manejo de los expedientes, sobre todo en el fuero civil, donde las disputas son entre privados.

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Consultado sobre el caso de Óscar Diesel, parte de una de las empresas involucradas y hermano de César Diesel, dijo que no complica a la Corte, por más que la gente no lo crea, en todo caso, la Sala Constitucional o la Corte misma debería haber estudiado los expedientes en los que la empresa tenía interés. Tampoco negó que pueda existir alguna influencia en los casos, pero se debería presentar un caso concreto y demostrarlo fehacientemente, insistió.

Aumento a funcionarios

Sobre el pedido de aumento salarial de los funcionarios públicos del Poder Judicial, dijo que todos los años en el proyecto de presupuesto de la Corte figura el mismo, así como en su momento acompañaron los reclamos de los magistrados, al considerar que son más de 15 años que no se dan aumentos y perciben solo el salario mínimo que incluso quedan debajo del mismo cuando este aumenta.