La comisión especial del Senado que investiga la trama conocida como la mafia de los pagarés recibió este lunes al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, y a su equipo jurídico. Durante la audiencia, se detallaron las irregularidades detectadas, la cantidad de víctimas y las acciones adoptadas por la previsional, entre ellas la suspensión de los descuentos automáticos a la Asociación de Funcionarios y Asociados del IPS (FIPSA).

Según explicó la Asesoría Jurídica del IPS, el esquema consistía en que tanto funcionarios activos como jubilados firmaban un primer pagaré ante FIPSA, y luego eran derivados a casas de crédito donde volvían a firmar un segundo documento similar. “Firmaban doble un pagaré”, afirmaron los abogados.

Una vez iniciado el juicio ejecutivo, los funcionarios no eran notificados oficialmente por el Juzgado de Paz, y solo se enteraban cuando el embargo llegaba directamente a sus salarios a través del IPS. Esta práctica vulneraba el derecho a la defensa y fue calificada como parte central de la red de estafas.

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A raíz del escándalo, que salió a luz hace cuatro meses, el presidente Jorge Brítez ordenó la suspensión del descuento automático que se transfería mensualmente a FIPSA. Además, el IPS estableció nuevas exigencias para que cualquier asociación pueda gestionar estos descuentos, entre ellas contar con personería jurídica, inscripción vigente y autoridades formalmente constituidas.

También se determinó que cualquier autorización de descuento deberá contar con certificación de firma por escribanía, a fin de asegurar la identidad del funcionario y evitar nuevos fraudes. Con esta decisión, el IPS dejó de transferir aproximadamente G. 600 millones mensuales a FIPSA, dinero que era recaudado directamente mediante autorizaciones de los propios trabajadores.

En representación de 110 funcionarios activos y jubilados, la Asesoría Jurídica del IPS presentó una denuncia por estafa ante el Ministerio Público. Señalaron que los funcionarios autorizaban descuentos al IPS con la expectativa de que FIPSA abonara las deudas a las casas comerciales, pero en muchos casos esos pagos no se concretaban. Incluso, tras haber cancelado la deuda, los afectados recibían embargos judiciales sin haber sido previamente notificados.

“La institución ya no puede intervenir una vez que se dicta un embargo judicial, aunque el afectado nunca haya sido informado del proceso”, explicó el director jurídico del IPS, José González. Esta situación es una de las claves de la mafia de los pagarés, que aprovecha la falta de notificación formal para ejecutar embargos sin defensa previa.

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Actualmente, la denuncia formal del IPS abarca 110 casos, mientras que el Ministerio Público ya recibió otras seis denuncias individuales. Según estimaciones internas, reveladas por el propio presidente de la previsional, el número real de víctimas rondaría los 2.500 funcionarios, aunque muchos no se animan a denunciar por temor o por haber recibido promesas de acuerdos extrajudiciales por parte de la propia FIPSA.

González informó además que la investigación fiscal ya logró una primera imputación y que al menos siete casas de crédito estarían involucradas en el esquema. El caso sigue en curso y podría ampliarse en los próximos días, a medida que más víctimas se animen a presentar pruebas.