Líder Rodrigo Benegas Cristaldo, uno de los más de treinta funcionarios judiciales procesados en el caso conocido como la “mafia de los pagarés”, no se guardó nada. Procesado por supuesta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (coautor) y por prevaricato en carácter de cómplice, fue beneficiado por la Fiscalía con un pedido de suspensión condicional del procedimiento.

En su declaración ante la Fiscalía,que se detalla en la acusación fiscal, Benegas contó que cuando empezó a trabajar en el Juzgado de Paz de San Roque, en el año 2021 la entonces jueza Liliana González de Bristot le puso en claro el esquema de trabajo establecido.

Titular del juzgado de Paz le puso al tanto del esquema ya en 2021

El funcionario comentó que ingresó al juzgado de paz de San Roque en 2021 y “una vez que llegué al juzgado la jueza me indicó cual era la modalidad de trabajo en ese lugar respecto a ciertas empresas (no todas) en el marco de las notificaciones de sus juicios de acciónpreparatoria de juicio ejecutivo y esto consistía en que las gestiones que yo debía realizar como ujier, eran de hacer informes a las cédulas de notificaciones y entregarlas en el menor tiempo posible; esto significa que específicamente la orden era , si no que directamente hacer el informe de que la cédula se practicó efectivamente, sin que esto realmente se materialice”.

El ujier explicó que para iniciar juicios en el juzgado, los abogados debían previamente conversar con la jueza para llegar a un acuerdo. Posteriormente, los letrados les entregaban cédulas de notificaciones en una cantidad de 200 a 300 por semana y en ocasiones 500 inclusive.

“Las cédulas eran entregadas todas hechas por los abogados a mi persona y yo realizaba solamente el informe utilizando un sello proforma repitiendo siempre fechas debido a la abrupta cantidad y a la presión ejercida por los abogados para la entrega”, explicó.

Un dato llamativo es que el pago realizado por las cédulas de notificaciones era inferior al monto establecido por la acordada, como una suerte de “compensación” a los abogados, puesto que no se diligenciaban realmente las notificaciones.

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“Estos montos los imponían los abogados refiriendo que yo debía adaptarme a ello ya que no representarían gastos para mi, porque no se iban a practicar las diligencias, de esa forma fui recibiendo montos de manera progresiva debido a que siempre aumentaban la cantidad de los expedientes”, indicó.

Recaudación y rendición semanales

La acusación revela que el funcionario comentó que ingresó en 2021, recibía de G. 10 a 20 millones semanales, suma que fue aumentando paulatinamente hasta llegar a G. 30 millones semanales, suma que percibía desde 2024.

Benegas explicó que al iniciar sus funciones en el juzgado, la jueza le dijo sin vueltas que los días viernes eran de rendición y que ese día tenía que entregarle el 30% de todo lo que percibía.

“En el año 2021, cuando ingresé al juzgado de paz de San Roque, la jueza Liliana Gonzalez de Bristot me indicó que yo debía de entregarle, de manera semanal, los días viernes, el 30% de todo lo que percibía de parte de los abogados demandantes, en concepto de pago por cobertura de gastos por cédulas de notificación”, resaltó.

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El funcionario indico que la repartija también alcanzaba al actuario Miguel Angel Rolón Recalde y al respecto, dijo lo siguiente: “La jueza Liliana Gonzalez me impuso que debía abonarle a él un monto semanal fijo. En un comienzo, fue un millón o menos. Más adelante fue creciendo este monto fijo semanal, hasta que en el 2024 llegó a 2 millones por semana que eran transferidos desde mis cuentas BNF en el 2023 (en el 2022 era en efectivo) y en el 2024 desde el Solar a la cuenta de Miguel Rolón en el Banco Nacional de Fomento, los días viernes. Cuando se cambió a jueves la entrega de sumas de dinero a la jueza, con Miguel mantuve el pago los días viernes”.

Pagos no se suspenden por vacaciones

El ujier comentó que este esquema cambió luego de una reunión de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, de la que González de Bristot era presidenta. Según el funcionario, la jueza González comentó que en aquel encuentro, su colega del juzgado de paz de La Encarnación (Analía Cibils), reveló que estableció un monto fijo a ser “rendido” semanalmente por las notificaciones, de manera a no tener altibajos.

“Mi jueza Liliana Gonzalez de Bistrot era la presidente de la asociación de los jueces de paz. En este contexto, ella me comentaba que tenía reuniones con los jueces de paz de Asunción y en estas reuniones, los jueces hablaban de los tratos y acuerdos que cada uno tenía con sus funcionarios y con los abogados de las empresas. Fue como consecuencia de estas reuniones que surgió su cambio de modalidad de cobrar un porcentaje a un monto fijo, porque en el juzgado de la Encarnación, la jueza Analia Cibils, según ella me comentó, estaba cobrando a sus ujieres un monto fijo y que esto aseguraba que el juez cobre si o si un monto estable de dinero, independientemente hubiese o no mucho movimiento de notificaciones. En estas reuniones, según la jueza Liliana Gonzalez, también estaba el juez Gustavo Villalba”, relató.

Por esta razón, González entonces estableció también una meta semanal, que los funcionarios debían cumplir incluso en sus vacaciones, motivo por el cual tomaba poco tiempo libre, pues no podía suspender los pagos a la jueza.

“Lo máximo que yo salía de vacaciones era una semana o una semana y media y esto era porque aún de vacaciones, debíamos pagar a la jueza los días viernes (o jueves más adelante)”, indicó.

Dinero para jueza, en caja de zapatos

Benegas explicó que cuando se encontraba de vacaciones, encargaba a su padre la entrega del dinero, que acondicionaba en una caja de zapatos para no llamar la atención y enviaba al juzgado o al domicilio de la magistrada.

“En mi situación particular, cuando yo me encontraba imposibilitado de entregar el dinero en efectivo a la jueza, por estar de vacaciones o fuera del país, yo le dejaba una caja de zapato, en una bolsa a mi papá, para que el mismo entregará en el juzgado o en la casa de la jueza, que era recibido por familiares de la misma, nunca por ella misma. En el juzgado recibía el hijo de la jueza”, explicó Benegas.

El funcionario dijo que en la primera vez que pidió el favor a su padre, dijo que se trataban de insumos del juzgado que debía devolver, por lo que padre no sospechosó y en las ocasiones siguientes, a lo largo de los 3 a 4 años, ya no preguntó.

Entregas en el juzgado y a domicilio

Esta versión fue confirmada por el padre del funcionario, Líder A. Benegas Ruiz, quien prestó declaración testifical ante la Fiscalía y dijo lo siguiente:

“Una vez que salieron a la luz las cuestiones que se daban en el Juzgado de Paz de San Roque por la causa de los pagarés, hicimos una reunión familiar y ahí mi hijo se sinceró y nos contó que lo que había en las cajas embaladas era dinero en efectivo para la jueza Liliana Gonzalez de Bristot, presumo que en cada entrega había una suma importante de dinero en efectivo porque los paquetes tenían cierto peso. Mi hijo no me llegó a precisar a mí los montos que habían en los paquetes. Yo no tenía conocimiento de esto en el momento en el que hice las entregas, de saberlo no me habría involucrado, pero, es así como ocurrió y es esos son los datos que yo puedo aportar”, declaró el testigo.

El padre explicó que hizo esas entregas en unas seis o siete ocasiones cuando su hijo estaba de vacaciones o enfermo y dos de ellas fueron en el juzgado. El testigo dijo que en la casa, las cajas eran recibidas por un joven que presume sería hijo de la jueza, que es la misma persona que lo recibió en las dos veces que llevó los paquetes al juzgado. En una ocasión, en la residencia de la jueza le recibió una señora de unos 70 años, que estima sería la madre de González de Bristot.