Sobre este punto el director de Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, manifestó que deben ser evaluadas en dos etapas. La primera corresponde a los años en los que Peña era funcionario público, y la segunda, en su rol de Presidente de la República.

Según Torres, la primera declaración que se tiene de Santiago Peña data del año 2014, cuando ocupaba un cargo en el Banco Central del Paraguay. Posteriormente, en 2017, Peña dejó el sector público para unirse al sector privado. Su regreso al ámbito público se dio en 2023, al asumir la presidencia.

El director de Declaraciones Juradas aclaró que no existen estudios de correspondencia de bienes de Peña durante su primer período en la función pública, ya que, según las evaluaciones de la Contraloría, no hubo un aumento considerable de su patrimonio en ese periodo.

Sin embargo, Torres también destacó que, aunque se detectó un aumento patrimonial significativo entre 2017 y 2023, la Contraloría no tiene competencia para investigar ese periodo debido a las limitaciones legales establecidas en la Constitución Nacional y en la ley.