Entre las audiencias públicas de la semana presencial del 179 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se encuentra el caso abierto por una denuncia respecto a la violación de los derechos humanos del fallecido director de ABC Color, Aldo Zuccolillo Moscarda.

Según se dio a conocer, la audiencia se realizará el martes 19 de agosto, a las 12:00 (hora paraguaya). Será transmitida en vivo en las cuentas oficiales de YouTube y Facebook.

Cabe resaltar que es la primera vez que un paraguayo forma parte de la Corte IDH. Se trata del juez Diego Moreno Rodríguez, quien fue elegido el año pasado y prestó juramento a finales del mes de enero.

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Las recomendaciones de la Comisión IDH

El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó oficialmente ante la Corte IDH el caso por violaciones al derecho a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a las garantías judiciales en perjuicio de Aldo Zuccolillo.

En el expediente, la Corte recomendó al Estado paraguayo dejar sin efecto la condena de una millonaria multa que había sido impuesta contra Zucolillo, en beneficio del ex senador colorado Juan Carlos Galaverna.

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También se recomendó una compensación para la familia del fallecido director de ABC Color y se instó a que se despenalicen los delitos de difamación, injurias y calumnias en casos en que la persona ofendida sea funcionaria o persona pública.

Antecedentes del caso

En el año 1998, el entonces senador Juan Carlos Galaverna demandó al diario ABC Color y a su fundador y director por calumnia, difamación e injuria. En ese entonces, el director del diario fue condenado a pagar un total de G. 1.295.514 millones en concepto de multa -al Estado- y composición -a Juan Carlos Galaverna-, además de los honorarios profesionales del abogado del demandante.

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En su informe de fondo, la CIDH consideró que las publicaciones hechas por el ABC Color estaban relacionadas con temas de interés público, debido a que señalaban posibles actos de corrupción de un senador de la República. Por lo tanto, sus expresiones estaban protegidas y eran fundamentales en una sociedad democrática, y por ende el derecho penal no era aplicable.

También la Comisión concluyó que la Corte Suprema aplicó retroactivamente la ley penal, lo cual violó el principio de legalidad e irretroactividad.