Las Notas Reversales especificaban que la comisión estaría integrada por representantes de ambos países “en número paritario, con mandato determinado y designación conjunta”, encargados de fiscalizar los ingresos y egresos de la entidad binacional. Además, el documento establecía que dicha comisión actuaría “con independencia funcional y administrativa, y autonomía técnica”, señalando un compromiso con la transparencia como principio rector.

El proceso que desembocó en este acuerdo se inició en 2016, tras varios cuestionamientos sobre la opacidad en la gestión financiera de Itaipú. Las negociaciones diplomáticas entre Paraguay y Brasil se extendieron por cinco años. En ese periodo se trabajó para definir un mecanismo de control financiero conjunto que satisficiera a ambas partes.

La firma del acuerdo en noviembre de 2021, durante los gobiernos de Mario Abdo Benítez en Paraguay y Jair Bolsonaro en Brasil, marcó un punto de inflexión. Por primera vez, se establecía en términos concretos un órgano binacional y autónomo para auditar las cuentas de Itaipú. Las Notas Reversales dejaban en claro que la Comisión podría “emitir informes y recomendaciones que serán tenidas en cuenta por los órganos de dirección de Itaipú”.

En Paraguay, el proceso legislativo para la aprobación del acuerdo avanzó en junio de 2023, cuando el Senado incluyó el proyecto de ley en el orden del día. No obstante, al no contar con dictamen de comisión, el documento no pudo ser tratado. Desde entonces, la propuesta permanece estancada.

En Brasil, la situación no fue más favorable. A pesar de haber sido firmado por el Ejecutivo, el acuerdo no fue remitido al Congreso. El trámite duerme en la Casa Civil de la Presidencia, sin fecha definida para su avance legislativo. Esto ha provocado quejas entre legisladores de ese país y sectores que abogan por una mayor transparencia en Itaipú, según publicaciones de medios periodísticos de nuestros vecinos.

En marzo de este año, la Comisión de Infraestructura del Senado brasileño aprobó requerimientos para que el canciller de su país Mauro Vieira brinde explicaciones sobre la demora. El gesto fue interpretado como una señal de creciente presión para destrabar la situación. Sin embargo, hasta ahora, no se reportaron avances concretos.

La falta de avances contrasta con la importancia estratégica de la Comisión. Itaipú no solo representa una fuente de energía para ambos países, sino que también maneja recursos financieros de gran envergadura. La existencia de una Comisión Binacional de Cuentas permitiría monitorear ese flujo con mayor eficiencia y credibilidad.

Aunque una de sus limitaciones era el periodo que se podría auditar -que es de solo cinco años- este paso representaba un avance sustancial al permitir que la Contraloría General de la República (CGR), por Paraguay, y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), por Brasil, pudieran acceder a las documentaciones de la entidad.

Para muchos expertos, la inacción refleja una contradicción entre el discurso oficial de transparencia y la práctica institucional. También hay quienes señalan que el estancamiento evidencia la falta de voluntad política para ceder espacios de control autónomo.

La comisión tendría la potestad de revisar y cuestionar decisiones administrativas y financieras, algo que incomoda a sectores acostumbrados a operar con discrecionalidad. Mientras, diversas organizaciones vienen exigiendo mayor transparencia, sin resultados positivos.

Entre los argumentos a favor para la creación de la Comisión Binacional de Cuentas está el hecho de que fortalecería la institucionalidad democrática y brindaría garantías a ambas poblaciones sobre el uso de los recursos de Itaipú.

En el contexto de la actual revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, suspendida desde principio del mes pasado, la ausencia de una herramienta de fiscalización binacional adquiere mayor gravedad. La Comisión sería un instrumento para respaldar negociaciones con datos objetivos y auditorías confiables.

En síntesis, el acuerdo firmado con pompas en 2021 languidece en las oficinas parlamentarias de Paraguay y en la Casa Civil del Brasil. Las promesas de mayor transparencia se enfrentan a las inercias políticas y la indiferencia institucional. Si la Comisión Binacional de Cuentas no se concreta pronto, podría convertirse en otro caso más de buenas intenciones abandonadas en el papel. Hasta ahora, el gobierno de Santiago Peña demostró no tener ninguna intención de avanzar con el proyecto de aprobación de este organismo binacional de control.