En sesión ordinaria los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tomaron conocimiento, en base a una publicación periodística, de las actuaciones del juez penal de garantías Carlos Vera Ruiz y el fiscal Adjunto de Alto Paraná, Jorge Sosa García, que intervinieron en la condena a 2 años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena a un narcotraficante.

En tal sentido, los integrantes del órgano encargado de juzgar a jueces, fiscales y defensores públicos, estableció plazo hasta el 19 de junio próximo, a fin de que, si algún afectado no haya acusado ante el JEM, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo y/o la Fiscalía General del Estado, puedan asumir el rol de acusador.

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En caso de en ese plazo no se presente acusación alguna, en esa fecha el Jurado analizará si inicia una investigación preliminar o si de oficio da por iniciado el enjuiciamiento de ambos, de acuerdo con lo que establece el artículo 18 de la Ley N° 6814/21 que rige al órgano extrapoder.

Las actuaciones del magistrado y el fiscal Adjunto se dieron en el marco de la causa relacionada a Celso Darío Eladio Maldonado Florentín, quien fue detenido el 7 de octubre de 2024, en un allanamiento realizado a su vivienda ubicada de la ciudad de Minga Guazú. De su poder se incautaron 17,400 kilos de cocaína, distribuidos en 15 paquetes rectangulares.

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Aplicaron salida procesal contraria a la norma

De acuerdo con los antecedentes del caso, por Sentencia Definitiva (SD) Nº 6, del 25 de abril de 2025, Celso Darío Eladio Maldonado Florentín fue condenado a una pena mínima de 2 años de prisión por narcotráfico. El proceso en su contra fue por tenencia sin autorización de drogas, tras ser detenido con 17,400 kilos de cocaína en 2024.

Maldonado Florentín fue beneficiado primeramente con una significativa reducción de la pena para someterse a un procedimiento abreviado, con el cual evitó llegar a juicio oral y público.

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El marco penal establecido para el hecho punible de tenencia de sustancias estupefacientes va de 5 a 15 años de prisión, por lo que según establece el Código Procesal penal, el procedimiento abreviado no corresponde en su aplicación, ya que este solo es posible cuando la expectativa de pena no supera los cinco años.

Para favorecer al procesado, se argumentó que este “colaboró con las autoridades para la incautación de mayor cantidad de drogas”, bajo la figura de delación (establecido en el artículo 43° de la Ley N° 1340/88).

Sin embargo, abogados penalistas consultados sobre el tema explicaron que la ley permite una reducción de pena a 5 años si la delación se produce antes del dictado del auto de prisión, y a 3 años si se da luego de dictarse la prisión preventiva. Es decir, la norma se refiere a la pena, no al marco penal.

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Redujeron años de pena para “encajar” en salida procesal

En otro momento agregaron los profesionales que en todo caso la pena debió reducirse a 5 años, ya que la delación fue posterior a la prisión preventiva, y no a 3 años. En este caso, incluso se impuso una pena menor, de solo 2 años de privación de libertad.

Durante la audiencia judicial, el juez Carlos Vera Ruiz aplicó una sanción mínima de solo dos años con suspensión de la condena a prueba. Esto significa que el condenado no deberá cumplir la pena en prisión, sino cumplir ciertas reglas, como no cambiar de domicilio y la prohibición de portar armas, entre otras.

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En la resolución judicial también se consigna que la causa fue sometida a consideración del fiscal Adjunto Jorge Sosa García, quien dio su acuerdo con la aplicación del procedimiento abreviado y la pena impuesta.

“En general, el Ministerio Público y el imputado, a través de su defensor técnico, han consensuado una sanción predeterminada que vincula al poder jurisdiccional, prescindiendo del inicio de una tercera etapa, es decir, la del juicio oral y público”, refiere una parte de la resolución.

Corte archiva investigación contra juez que otorgó habeas corpus a Lindomar

Juez otorgó habeas a narco para que la Policía no lo detenga

En 2020 el juez penal de garantías Carlos Vera Ruíz había dado trámite y otorgó un habeas corpus preventivo al narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. La resolución judicial prohibía a la Policía Nacional detener al extranjero, pues no existía flagrancia de hecho punible.

En otra parte del escrito el magistrado Carlos Vera dispuso el cese de las restricciones a la libertad física y seguridad del ciudadano brasileño. Esto siempre y cuando no se den los presupuestos que ameriten la aprehensión del ahora buscado.

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Reges Furtado había recurrido a la justicia solicitando la garantías constitucional, aleagando que era “víctima de persecución de policías de Ciudad del Este y Hernandarias, me demoran y me piden plata”.

El 15 de febrero de 2022 se ejecutaron los operativos “Britium” en Brasil y “Turf” en Paraguay. En el país se allanó una casa del Paraná Country Club, en bucas del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, sin embargo al que identificaron en el lugar y que logró escapar de la Senad y la Fiscalía fue Lindomar Reges Furtado.

Si bien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había iniciado una investigación preliminar sobre la gestión del juez Carlos Vera Ruiz, luego de que salga a la luz que otorgó un habeas corpus preventivo a Reges Furtado. Sin embargo, siete meses después archivaron el caso.

Capturan en Río de Janeiro a Lindomar Reges, socio de Sebastián Marset

Lindomar Reges Furtado, socio de Sebastián Marset

El 2 de febrero pasado, Lindomar Reges Furtado había sido detenido en Río de Janeiro. El mismo era señalado tanto por las autoridades brasileñas como paraguayas como uno de los principales traficantes de cocaína en Brasil.

Autoridades brasileñas y paraguayas, sindican a Lindomar Reges Furtado como uno de los líderes del narcotráfico y lavado de activos en su país. También se lo vincula con la organización criminal supuestamente manejada por el uruguayo prófugo Sebastián Marset, responsable del envío desde nuestro país de grandes cantidades cocaína a Europa.

Marset, cuenta con órdenes de captura en Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, y ahora también de Estados Unidos que incluso ofrece una recompensa de 2 millones de dólares por información que conducza a su captura.