Las autoridades han reforzado la vigilancia en las principales ciudades, mientras comercios de Roma y Milán, especialmente los dedicados a artículos de lujo, han protegido sus escaparates con tablones de madera y planchas metálicas ante el temor a nuevos ataques.

Algunos establecimientos, como los grandes almacenes La Rinascente, situados en la plaza del Duomo de Milán, han adelantado su cierre a las 15.00 hora local (13.00 GMT), antes del inicio de las movilizaciones, previstas a partir de las 15.30.

El dispositivo de seguridad incluye controles policiales, vigilancia en estaciones y zonas céntricas y el despliegue de 500 militares adicionales en Milán.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha descartado que la ciudad vaya a estar "militarizada" y ha instado a los comerciantes a mantener abiertas sus tiendas.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Italia también ha emitido una alerta de seguridad ante el riesgo de nuevas movilizaciones en Milán y en otras grandes ciudades de Italia y recomienda evitar las aglomeraciones, seguir los medios locales y abandonar la zona si se está cerca de una protesta.

La presión policial se ha intensificado desde el viernes con una operación coordinada por la Policía italiana y su división especial (Digos), que permitió identificar a un centenar de personas, 51 de ellas menores de edad, por su presunta vinculación con los disturbios y saqueos del fin de semana anterior.

Durante las actuaciones, los agentes se incautaron de armas blancas, bates, objetos presuntamente robados en comercios y bidones de gasolina.

Los incidentes se produjeron al margen de una manifestación pacífica contra el encarecimiento de la vida, cuando grupos de jóvenes con el rostro cubierto comenzaron a destrozar el centro de la ciudad y a saquear numerosos establecimientos comerciales.

Este sábado, los controles se han extendido a una veintena de ciudades, con especial atención a Milán, Como y Monza, en el norte del país, ante la posibilidad de nuevas concentraciones.

Uno de los principales desafíos para las fuerzas de seguridad es la falta de previsibilidad de las movilizaciones.

El autodenominado 'Movimento 17 ottobre', un colectivo anónimo surgido a raíz de las manifestaciones del pasado fin de semana, anunció el viernes que cancelaba los puntos de encuentro ya anunciados para las próximas manifestaciones para recurrir a una táctica denominada "be water" ('sé agua') para dificultar la actuación policial

La estrategia consiste en publicar en redes sociales tres puntos provisionales de reunión apenas 30 minutos antes del inicio de las marchas y confluir después, de forma repentina, en una ubicación final que no habría sido comunicada previamente

Las autoridades mantienen la máxima vigilancia sobre las redes sociales y los canales de mensajería, ya que ninguna de las convocatorias del 'Movimento 17 ottobre' cuenta con comunicación ni autorización oficial.

Tras los disturbios, el Gobierno aprobó esta semana un decreto ley de aplicación inmediata que endurece las sanciones por actos violentos, con especial atención a la delincuencia juvenil.

La norma introduce un nuevo delito relacionado con la participación en grupo en actos violentos, castigado con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros, con agravantes si los implicados llevan el rostro cubierto o provocan lesiones.

Además, refuerza la responsabilidad de las familias por los daños causados por sus hijos menores, con indemnizaciones y multas de entre 500 y 1.000 euros, en los términos previstos por la norma.