Fuentes de este departamento señalaron que de cara a las elecciones que se celebrarán en España el 29 de noviembre, se autorizaron todas las solicitudes de refuerzo de personal pedidas por los consulados y se puso a disposición de estos a todo el personal de las embajadas para cumplir con esta tarea.

El Tribunal Supremo español reclamó el viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que remitieran antes del 28 de octubre la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto de extranjeros inscritos en el Centro de Residentes Ausentes (CERA).

Y les advirtió de que si a las 15 horas del día 28 no habían enviado esa información, podría acordar una multa coercitiva o deducir, en su caso, el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que correspondiese.

Las fuentes de Exteriores explicaron que desde que recibieron los autos del Tribunal Supremo informaron a los consulados que esta tarea era "urgente y prioritaria" y se suspendieron todos los permisos y vacaciones que tenían.

De los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos que pueden estar afectados por la suspensión del derecho a voto decretada por el Tribunal Supremo, se revisaron por el momento 31.390 expedientes.

Los consulados solo expidieron 91 certificados de personas que acreditaron ser descendientes de exiliados.

El resto, 31.299, no podrían votar en las elecciones del 29 de noviembre, de acuerdo con las medidas cautelares adoptadas por el alto tribunal.

A primeros de septiembre, el Supremo dejó en suspenso provisionalmente las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (votantes españoles en el extranjero) hasta que los consulados acreditasen que los nacionalizados por la 'ley de nietos" cumplen la condición de ser descendientes de españoles exiliados por razones políticas y otras.

La 'ley de nietos' es en realidad una disposición de la Ley de Memoria Democrática (2022), que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.