En la sesión del Instituto de Previsión Social (IPS), realizada ayer por el Consejo de Administración, el debate no giró en torno a la falta de medicamentos y se centró en un escándalo de morosidad y chicanas judiciales que desangra los recursos de los asegurados. Durante la reunión, se desglosó el rosario de millonarias deudas y juicios que arrastra desde hace más de una década la Universidad Autónoma del Sur (Unasur).

La Unasur tiene como rectora a Mirtha Reyes, quien fue precandidata a concejala por el Partido Colorado en Asunción. Es vicerector Jorge “Turi” Cappello, secretario privado de la Presidencia de la República, o sea, de Santiago Peña, y coordinador de la campaña del Partido Colorado en la candidatura a intendente de Camilo Pérez en Asunción.

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En la sesión de ayer, el Consejo de Administración del IPS dejó al descubierto una red de impunidad, uso político y morosidad institucional, demostrando que el patrimonio de los trabajadores ha sido tratado históricamente como un botín fácil para inquilinos morosos y operadores políticos.

Una deuda escandalosa: Unasur no paga al IPS desde el 2010

El caso llegó al pleno del Consejo tras los informes presentados por la Dirección Jurídica del IPS. Los datos expuestos son lapidarios: la Unasur acumula viene siendo un perjuicio financiero para el ente, ya que tiene una deuda que supera los G. 18.000 millones (más de US$ 3 millones), morosidad que viene arrastrándose y creciendo sistemáticamente desde el 2010.

“Eso es sin contar los intereses y sin contar los honorarios. Si vamos a contar los intereses desde hace 16 años, hasta se duplicaría el monto. Esta empresa ha buscado la chicana y ha evitado permanentemente pagar”, enfatizó José Emilio Argaña, representante de los Empleadores.

Para entender el tamaño del agujero, el consejero Argaña separó la torta en dos grandes bloques de incumplimiento de la Unasur. Por un lado, Argaña indicó que la universidad debe cerca de G. 5.000 millones en concepto de Aporte Obrero Patronal (AOP); es decir, plata descontada a trabajadores que nunca ingresó a las arcas de la previsional.

Por el otro lado, Unasur adeuda alrededor de G. 15.000 millones por cánones atrasados por el alquiler de un valioso inmueble propiedad del IPS, que fue otorgado en concesión, a la universidad y por 20 años, en el año 2010. El edificio está ubicado estratégicamente sobre la calle 25 de Mayo (en la zona de Cerro Corá, entre Pa’i Pérez y Perú), en pleno centro de Asunción.

Chicanas y escudos políticos de asesor de la Presidencia

Durante el debate en la sesión, la indignación de los consejeros y del equipo jurídico apuntó directamente contra la conducta procesal de los representantes de la universidad, en este caso Mirtha Reyes y Jorge “Turi” Cappello. Se enfatizó que lejos de honrar sus compromisos financieros, la institución educativa ha utilizado todas las herramientas habidas y por haber para bloquear los desalojos y estirar los plazos en la justicia.

El consejero Argaña cuestionó que actualmente, los expedientes se encuentran empantanados en distintas instancias, con una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.

Argeña resaltó que el problema no es meramente comercial o judicial, sino también de seguridad pública y ética institucional. Denunció con dureza que este edificio no cuenta con las normas mínimas de infraestructura requeridas, como salidas de emergencia contra incendios, exponiendo a un peligro constante a cientos de jóvenes estudiantes.

Antecedentes oscuros: El modus operandi de la impunidad

Este caso no es un hecho aislado dentro del historial de la previsional. A lo largo de los años, las inversiones inmobiliarias y los alquileres de bienes del IPS se han visto salpicados por contratos amañados y concesiones donde los inquilinos terminan sintiéndose dueños de lo ajeno.

La vinculación de figuras políticas y directivos de esta casa de altos estudios en polémicas de evasión fiscal y de aportes obrero-patronales ha sido objeto de constantes denuncias públicas y electorales en los últimos años. El modus operandi se repite: morosidad crónica, uso de la chicana judicial como escudo protector y un aparente blindaje político que entorpece la recuperación de los bienes públicos. “Es una vergüenza. Lastimosamente, tengo que decirlo, hay políticos y politiqueros (implicados)”, expresó el consejero Argaña.

Pablo Morínigo, director jurídico del IPS sostuvo por su parte “voy a medir mis palabras para calificar a esta Universidad”, para posteriormente desglosar la situación de la Unasur.

“Solamente en un juicio -porque son varios los juicios que tenemos en contra de esta universidad- se le reclama un poco más de G. 10 mil millones. Ese juicio, ganado en todas las instancias, está hoy día, en la Corte Suprema de Justicia, y por las gestiones que estamos haciendo solamente falta ya un voto para que sea rechazado in limite la acción de inconstitucionalidad que planteó esta empresa”, dijo el abogado, asegurando que los demás juicios están en distintas etapas y, que se está tomando intervención.

IPS exige mano dura al MEC y a la Municipalidad de Asunción

El Consejo de Administración decidió por unanimidad buscar la inhabilitación de la Unasur. El pleno instruyó la redacción y remisión de notas formales con carácter de urgencia a instancias claves del Estado.

Primero, se exigirá al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que tome cartas en el asunto y proceda a la inhabilitación del centro de estudios. El consejero Argaña afirmó que en este caso, el argumento jurídico es sólido asegurando que “una universidad que no cuenta con un local propio regularizado o que carece de un contrato de arrendamiento al día no puede seguir operando legalmente”.

Por el otro lado, se solicitará a la Municipalidad de Asunción para que revise la patente comercial del establecimiento y verifique las graves fallas estructurales y de seguridad.

La directriz dada al equipo jurídico por el Consejo de Administración del IPS fue clara: agotar todas las instancias procesales y romper con la complicidad de los estrados judiciales mediante una conducta procesal firme.