Tras ingresar la presentación en el Palacio de Justicia, el representante legal del medio, Dr. César Coll Rodríguez, hizo duras declaraciones y calificó los fallos de primera y segunda instancia —la S.D. N° 104 del Juzgado Laboral y el Acuerdo y Sentencia N° 92 del Tribunal de Apelación— como un atropello frontal a las garantías de la prensa libre.

“Actos de censura vestidos de jurisdicción”

“Los dos fallos atacados de inconstitucionales son un acto directo de censura”, afirmó con vehemencia el profesional al salir de tribunales. Sostuvo que, además de violentar las cláusulas constitucionales e interamericanas que prohíben toda forma de censura, las resoluciones “se derrumban por su propia estructura lógica, pues reconocen por escrito que las publicaciones fueron veraces, de interés público y legítimamente difundidas, pero acto seguido ordenan destruirlas”.

Coll Rodríguez desnudó una contradicción material insalvable en el sustento de los jueces, quienes argumentaron que las noticias sufrieron una “desactualización sobreviniente” por sobreseimientos penales: “Esos sobreseimientos datan de 2005 y 2010, mientras que las notas fueron publicadas en 2013 y 2015. La pretendida desactualización es una imposibilidad cronológica evidente que la propia sentencia advirtió y desatendió al mismo tiempo”.

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Añadió que los magistrados «se arrogan el papel de pretores y se autoatribuyen la potestad de borrar el archivo de un diario, mientras invocan la legalidad estricta para descartar los precedentes que les incomodan. Son mucho más que sentencias viciadas de nulidad: representan verdaderos actos de censura vestidos de jurisdicción».

Borran la imputación, el descargo y la réplica

El letrado puso de relieve el absurdo al que conduce la decisión judicial, denunciando que entre las publicaciones que se ordenó borrar figuran piezas periodísticas donde altas autoridades desmentían cualquier vínculo con el investigado. “Borran la imputación y borran también el descargo”, cuestionó.

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Recordó asimismo que el demandante ya había ejercido en el año 2019 su derecho constitucional de réplica a través del propio medio. “En el esquema que pretenden instaurar estos jueces, dar espacio a la versión del afectado ya no resulta suficiente; la exigencia judicial es la destrucción lisa y llana de la noticia”, fustigó.

Amnistía pretoriana y mutilación de la memoria colectiva

En cuanto al marco legal, la defensa técnica expuso que ni la Constitución ni el ordenamiento jurídico admiten un “derecho al olvido” que faculte a los jueces a quemar hemerotecas. Destacó que la propia Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales blindó expresamente a la libertad de prensa y al interés público de este tipo de supresiones. “Estos magistrados se inventaron una potestad que jamás les confirieron la Constitución Nacional ni el Congreso; crearon una amnistía pretoriana a medida y le pusieron fecha de caducidad a la verdad con el propósito de consagrar la impunidad del poder”, arremetió.

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Advirtió sobre el gravísimo precedente que se consolida para la memoria del país: «Los jueces no están tutelando un dato personal, están mutilando el pasado colectivo. Si convalidamos que un magistrado mande quemar páginas digitales porque a un investigado le incomoda su pasado, mañana van a ordenar vaciar la Biblioteca Nacional, los repositorios universitarios, los archivos de la Comisión de Verdad y Justicia o inclusive el propio archivo del Poder Judicial. Siguiendo ese mismo razonamiento, cualquier persona sobreseída en una causa penal por corrupción o por otros delitos exigirá que se incineren las carpetas fiscales y los expedientes judiciales".

Efecto inhibitorio sobre la prensa

Para el profesional, el trasfondo de la resolución judicial trasciende a las cuatro notas afectadas y persigue un objetivo disuasivo contra el periodismo de investigación. “El verdadero propósito persigue un efecto disciplinador. El mensaje que envían a la prensa es letal al advertir que quien investigue contrabando o corrupción se expondrá a que, años después, un juez le ordene borrar el archivo y lo siente en el banquillo. Se trata de una advertencia extorsiva orientada a que los periodistas renuncien a investigar hoy por el temor a sufrir represalias el día de mañana”.

“Los jueces pueden absolver o sobreseer en sede penal si así corresponde, pero carecen de la potestad constitucional para reescribir la historia o erigirse en editores generales de los diarios del país. La tinta de la prensa libre jamás se borrará con la goma de un juez complaciente”, concluyó Coll Rodríguez al requerir a la Corte la inmediata suspensión de los efectos de los fallos para frenar la destrucción irreversible del acervo informativo.