A dos semanas del inicio de la intervención de la comuna esteña, Ramón Ramírez presentó un reporte sobre los avances del proceso. Resaltó que durante esta primera etapa se solicitaron 215 documentos relacionados con ocho de los doce puntos señalados en el requerimiento de intervención.

“A la fecha, solo se recibieron 162, lo que representa una falta de acceso a más del 25% de los documentos requeridos. Varios documentos que deberían estar archivados en dependencias específicas no se encuentran en los lugares establecidos, según los propios funcionarios municipales”, señaló.

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Dijo que están tomando medidas para acceder a documentos entregados previamente a otras instituciones sin que se haya dejado copia en los archivos municipales.

“La Administración Pública, en general, está ajustada a normas estrictas en cuanto al resguardo de documentos. Están especificadas las áreas en donde tienen que estar, pero encontramos una conducta que desconoce las normas básicas de resguardo documental. Esta circunstancia no va a impedir que nosotros, en tiempo y forma, concluyamos el trabajo que, por mandato constitucional, venimos a hacer”, aseguró.

En cuanto a la gestión administrativa, reveló que al iniciarse la intervención apenas el 40% de los funcionarios municipales había cobrado su salario de mayo, cifra que se elevó al 98%. Sobre el 2% restante, dijo que no se efectuaron los pagos por falta de documentación y no por falta de recursos o fondos.

Otra determinación tomada por Ramírez es la implementación de controles de asistencia mediante relojes biométricos, reemplazando gradualmente las planillas manuales.

Igualmente, dijo que se avanzó con la formalización de contratos vencidos al cierre del primer semestre, cuya tramitación se encontraba demorada. “Algunos directores de áreas fueron ratificados o reemplazados, pero están en un esquema de evaluación periódica”, añadió.

Otro punto resaltado por el interventor Ramírez es el volumen de adjudicaciones realizadas poco antes de la intervención. Según el reporte, entre el 27 de mayo y el 18 de junio se firmaron contratos por más de G. 30.200 millones y se pagaron anticipos por G. 4.100 millones.

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En comparación, en el mismo periodo de 2023 se adjudicaron G. 16.470 millones, en 2022 G. 7.355 millones y en 2021, G. 7.038 millones. El interventor afirmó que este volumen inusualmente alto de adjudicaciones en un periodo tan corto será objeto de revisión caso por caso, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad financiera de la Municipalidad y asegurar el cumplimiento de las normativas que rigen los procesos de contratación.

El interventor reiteró que se centrarán en aclarar los puntos que motivaron el pedido de intervención por parte de la Contraloría General de la República, pero que si identifican situaciones que consideran necesarias incorporar o informar, están obligados a hacerlo.