Intención cartista de eliminar requisito de abogado para ser miembro del JEM será inconstitucional
El senador Basilio “Bachi” Núñez había dicho que se debería pensar si “necesariamente” el miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debería ser abogado. Comparó con la titul...
El senador Basilio “Bachi” Núñez había dicho que se debería pensar si “necesariamente” el miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debería ser abogado. Comparó con la titularidad de las comisiones de Asuntos Constitucionales y dijo que varios parlamentarios ocuparon el cargo sin ser abogados. “Uno bien asesorado puede hacer una buena función”, había dicho en una entrevista con ABC Cardinal.
“Coincido en que nosotros tenemos que hacer un mea culpa los que estuvieron en el Jurado, los que no estuvieron en el Jurado de que tenemos que llevar la mejor representación”, dijo al mencionar que el caso de los chats del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes es sólo la punta del iceberg.
El artículo 253 de la Constitución Nacional, que se refiere al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la remoción de los jueces, señala claramente que deberán ser abogados los miembros.
El artículo constitucional dice: “Los magistrados judiciales solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Este estará integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos senadores y dos diputados; estos cuatro últimos deberán ser abogados. La ley regulará el funcionamiento del JEM”.
Con aprobación del presidente Santiago Peña, el ministro de Corte César Garay Zuccolillo fue electo titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el periodo 2025-2026. Para “Bachi” Núñez la nominación del ministro como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue histórico sin embargo obvió que su elección fue como consecuencia del escándalo de los chats que revelaban tráfico de influencias entre políticos, jueces y fiscales.