Los imputados son Eduardo Joel Ríos Dávalos (35), apodado Dudú; Pedro Blas Acuña Ferreira (30), hermano del concejal municipal Pedro Acuña, y Pedro Vicente Coronel Castillo (34). Según la Fiscalía, los citados lideraron una manifestación en la Municipalidad de Ciudad del Este que derivó en actos violentos contra la infraestructura, vehículos municipales y agentes policiales apostados en el predio.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2025, alrededor de las 08:00, en la sede de la comuna, cuando la manifestación avanzó hacia el garaje y el edificio municipal. Durante la protesta, se generaron disturbios que obligaron a los efectivos policiales a reforzar la seguridad. Ríos Dávalos habría incitado a los presentes a arrojar piedras, petardos y huevos contra los uniformados y las instalaciones.

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A su vez, Coronel Castillo presumiblemente influyó sobre la multitud, instigando a otros a ejecutar actos de violencia tanto contra los efectivos policiales como contra la infraestructura de la Municipalidad. En cuanto a Acuña Ferreira, el comunicado de imputación de la Fiscalía no detalló en qué consistió su participación, pero fue incriminado de forma general. “Los tres imputados se resistieron en todo momento a las directrices de las autoridades policiales y continuaron con los ataques”, refiere el comunicado.

En medio de la manifestación, desconocidos dañaron dos vehículos estacionados dentro del predio. Uno sufrió rotura del parabrisas trasero y grafitis en la carrocería; el otro presentó también rotura del parabrisas delantero y quedó con la leyenda “HC Títere”, acompañada del dibujo de un animal.

Igualmente, según la Fiscalía, el informe del Departamento de Investigaciones de Delitos de la Policía Nacional indica que Ríos Dávalos realizó una transmisión en la que admitió haber participado en los actos de vandalismo y en la aplicación de grafitis sobre los vehículos. Asimismo, Ríos Dávalos y los otros implicados supuestamente fueron identificados mediante filmaciones y fotogramas proporcionados por el Departamento de Criminalística de la Policía.

La imputación por perturbación de la paz pública y resistencia fue presentada ante el Juzgado Penal de Garantías, donde también se pidió la aplicación de prisión preventiva.