Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 16 de la Ley N° 7322/2024, que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión” que está en varias comisiones asesoras de la Cámara de Diputados.

El objetivo es incluir la exoneración del impuesto inmobiliario como beneficio social a los adultos mayores de escasos recursos, propietarios de un único inmueble destinado a vivienda.

“La inclusión de una pensión universal es un paso esencial pero insuficiente si no se acompaña de medidas concretas para reducir los gastos fijos que afectan la subsistencia de este grupo vulnerable. El impuesto inmobiliario, aunque representa un ingreso legítimo para los municipios, puede convertirse en una carga desproporcionada para personas adultas mayores de escasos recursos, muchas de las cuales viven de la pensión universal y habitan viviendas modestas. La exoneración del pago de este impuesto para este sector no sólo es justa, sino necesaria para garantizar un mínimo vital y una vejez digna”, argumenta el escrito que está siendo analizado en Diputados.

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Sobre la aplicación de la ley, explica que, siguiendo el modelo de incorporación automática de la pensión, esta exoneración podría gestionarse mediante el cruzamiento de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), y las municipalidades a nivel país, reduciendo así los trámites burocráticos para los adultos mayores.

El proyecto pretende modificar el artículo 16 de la Ley 7322 que indica que las personas adultas mayores de 65 años de edad accederán a medio pasaje y acceso preferencial a los bienes y servicios culturales, en formatos y condiciones asequibles; la recreación, incluido el turismo (...) Ahora se pretende agregar la exoneración del impuesto inmobiliario.

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Pero en el proyecto se aclara que el valor fiscal del inmueble del adulto, en la capital del país o en las capitales departamentales, no debe exceder G. 20.000.000; y G. 10.000.000 en pueblos del interior (los valores se irán actualizando).

Son impulsores los diputados cartistas: Santiago Benítez, Domingo “Mino” Adorno, Ida Cattebeke, Saúl González y Jatar Fernández y el liberal Juan M. Acevedo.