El coronel Freide Amarilla, quien se encuentra al mando de la Dirección de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia confirmó que una persona, a través de un tercero, habría estado indagando sobre datos de dónde estaciona, a qué hora llega, entre otros, la jueza Rosarito Montanía y otros magistrados.

La persona encargada de realizar la pesquisa fue identificada, quedó a cargo del fiscal Lorenzo Lezcano, quien le habría liberado, incluso, sin incautar el aparato celular. “Manejo esa información, pero no pude corroborar”, indicó.

Explicó que se accedió al dato de que un ex funcionario merodeaba la zona y realizaba preguntas, por lo que desde la Dirección de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia se realizó la denuncia ante la Fiscalía, quedando a cargo del agente fiscal Lorenzo Lezcano.

“Se hicieron todas los cruces de información y era absolutamente cierta", enfatizó.

No solamente eso, sino también había realizado otro tipo de preguntas acerca de la magistrada”, relató sin entrar en detalles para no dañar la investigación.

Agregó que es un tema de mucho cuidado, “no solamente por la doctora Rosarito Montanía, hay otros jueces que tienen casos muy grosos que demandan mucha atención de parte de nosotros y también la atención y el cuidado”.

Corte suspende a actuaria judicial por presunta producción y utilización de documentos falsos

En mayo de este año el Ministerio Público no solo tuvo una llamativa actuación con Federico Ezequiel Santoro Vassallo, sino también con el fiscal Lorenzo Lezcano, quien tenía conocimiento desde el 1 de julio de 2022 de las conexiones del procesado confeso en EE.UU. con la estructura narco del prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera. Una denuncia del Senado contra Lezcano por frustración está cajoneada desde octubre de 2022.

El 6 de octubre de 2022, la Cámara de Senadores aprobó la resolución Nº 2.763 por la cual se formula denuncia ante el Ministerio Público en contra del agente fiscal Lorenzo Lezcano y a quienes resultaren responsables por la supuesta comisión de hechos punibles de frustración de la persecución.

La decisión surgió luego del proyecto presentado por la entonces senadora independiente Desirée Masi por la presunta inacción del citado fiscal ante los informes remitidos por el Comando Tripartito en el marco de la operación Smart.