En conferencia de prensa este viernes, el abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente Santiago Peña, habló de la denuncia penal presentada ayer al Ministerio Público por legisladores opositores contra el mandatario por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en beneficio propio.

Preda, quien fue elegido por el presidente Peña para representarlo en el contexto de esa denuncia, opinó que no hay “mérito para abrir una investigación” en torno a lo denunciado por los parlamentarios opositores, que señalan indicios de posible enriquecimiento ilícito en el importante crecimiento patrimonial que registró el presidente Peña entre su salida del cargo de ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) y su regreso a la función pública al asumir la Presidencia de la República en 2023.

La denuncia se centra también en la relación entre el presidente y Ueno Holding, un conglomerado empresarial del que el presidente Peña fue accionista hasta este año y que comenzó a recibir importantes contratos de instituciones del Estado luego de que Peña llegara a la Presidencia.

Los legisladores también resaltan en su denuncia el uso por parte del presidente Peña de vehículos y aeronaves del empresario chino Long Jiang, quien se hizo con un lucrativo contrato del Estado para proveer pupitres para escuelas y colegios públicos.

Finalmente, la denuncia incluye también las afirmaciones de una exempleada de Mburuvicha Róga, Luz Maribel Candado, quien denunció la circulación de sobres y bolsas con dinero en efectivo – en dólares - en la residencia presidencial, dinero que - según dijo la mujer – era utilizado para pagos en centros comerciales y otros gastos menores por orden de la primera dama, Leticia Ocampo.

“Suposiciones”

Preda opinó que no existen méritos para que la Fiscalía abra una investigación porque, a su juicio, la denuncia no incluye “indicios fácticos suficientes de la comisión de un hecho punible”, sino que se basa en “suposiciones”.

“Imagino que el Ministerio Público hará la tarea de analizar las denuncias y evaluar si tienen méritos para la apertura de una investigación”, dijo.

Agregó que “en un Estado de derecho no se pueden abrir denuncias penales por suposiciones”, pero afirmó que, si la Fiscalía decide abrir una investigación, el presidente se someterá a la misma.

Crecimiento patrimonial del presidente

Según explicó ayer el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), uno de los firmantes de la denuncia, Santiago Peña dejó el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas), del que fue ministro durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) con un patrimonio aproximado de 2.300 millones de guaraníes y declaró un patrimonio de unos 23.000 millones de guaraníes al asumir la Presidencia en 2023.

El senador Filizzola dijo que un “estudio técnico” realizado para sustentar la denuncia indica que unos 10.000 millones de guaraníes de ese patrimonio no tendrían explicación, incluso teniendo en cuenta los ingresos que el Peña percibió en su paso por la directiva del banco Basa, ligado al expresidente Cartes, entre sus dos periodos de funcionariado público.

Sobre ese punto, Preda dijo que la denuncia parte de ingresos publicados luego de una filtración de datos por la cual funcionarios del gobierno anterior, incluyendo al expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), se encuentran procesados, y volvió a utilizar el calificativo de “suposición” y a insistir que “no permite inferir hecho punible”.

La mansión de San Bernardino

Al abogado se le consultó sobre la financiación de la construcción de la lujosa mansión del presidente Peña en la ciudad de San Bernardino, y el letrado dijo entender que esa obra fue financiada con un crédito que el mandatario obtuvo de una entidad financiera y con fondos del “rescate” de las acciones que el presidente tenía en Ueno Holding.

Al señalársele que el presidente se desprendió de sus acciones de Ueno Holding recién en la primera parte de este año, luego de la construcción de la mansión, Preda dijo “estimar” que la construcción en sí fue financiada con el crédito que mencionó y que el dinero de las acciones fue para la cancelación de ese crédito.

Camioneta y pupitres

Otro supuesto hecho irregular mencionado en la denuncia es el uso por parte de Peña y su familia, antes de que este fuera precandidato a la Presidencia para las elecciones de 2023, de una camioneta propiedad de una firma del empresario chino Long Jiang, vehículo que luego fue transferido a una empresa vinculada al actual mandatario.

El año pasado, con Peña ya en el Palacio de López, una empresa de Long Jiang fue adjudicada con un lucrativo contrato de la Itaipú Binacional para la provisión de pupitres a escuelas y colegios públicos del país. La firma del empresario chino incluso adquirió los inmuebles antes de que el contrato le fuera adjudicado.

Al respecto, el abogado del presidente dijo señaló que la empresa Real Viviendas EAS, de la que el presidente Peña era accionista, compró la camioneta – una Toyota Land Cruiser – de la empresa de la que Jiang era accionista en diciembre de 2022, cuando Peña “ni siquiera era presidente electo y esa firma no era proveedora” del Estado.

Agregó que el contrato con la empresa de Long Jiang para la compra de los pupitres se decidió en la Itaipú Binacional y que el presidente “no forma parte del ámbito de decisión” en esa instancia y “no adjudicó absolutamente nada”.

“Pérdida de confianza” con Luz Candado

En cuanto a las denuncias hechas por la exempleada de Mburuvicha Róga Luz Candado, quien denunció sospechosos manejos de dinero en efectivo en la residencia presidencial y afirmó que fue despedida tras ser acusada sin pruebas – e interrogada con polígrafo por personal militar - por la desaparición de dinero en la casa del presidente, Preda dijo que esas son afirmaciones “de una funcionaria de confianza que fue destituida por haber perdido la confianza”.

“La situación en que se aplica el polígrafo es la pérdida de confianza”, subrayó, y enfatizó que esas pruebas se realizaron con consentimiento de Candado y otros dos familiares suyos que trabajaban en Mburuvicha Róga y también fueron destituidos.

El abogado del presidente se negó a confirmar o negar las afirmaciones de Candado de que su despido se debió a una acusación de sustracción de dinero, un hecho que, si ocurrió, no fue denunciado por la Presidencia ante el Ministerio Público.

“La pérdida de confianza no necesariamente tiene que ver con sustracción de dinero”, dijo Preda. “No puedo dar detalles de la intimidad de qué hizo que se pierda la confianza porque no tiene relevancia penal”.

“Si (Candado) habla de sustracción de dinero, ella tendría que decir qué supuesto dinero se le dijo que sustrajo”, agregó.

Dijo considerar normal que personas que “rodean al presidente” sean sometidas a “tests para establecer una cuestión de confianza”.

El abogado opinó también que el relato de Candado sobre el supuesto hallazgo de sobres con decenas de miles de dólares en efectivo en Mburuvicha Róga tiene “inconsistencias lógicas importantes” como el hecho de que los sobres se guardaron “durante meses”.