Carolina Pacce ejerció el cargo de asesora jurídica del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, entre agosto de 2024 y marzo de este año. Fue a través de un contrato en el marco del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), según precisó.

La profesional relató que apenas llegó al ente agrario tuvo acceso a la resolución N° 740/2024 que firmó el 10 de mayo de 2024 Francisco Ruiz Díaz y por la cual dejó sin efecto una disposición del 2 de junio de 2021 por la que se adjudicaban 12 hectáreas a la Dirección Nacional de Aduanas (hoy parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios-DNIT).

Comentó que una vez examinados todos los antecedentes, la recomendación verbal que le dio al titular del Indert es corregir y que las instituciones públicas, en ese caso Aduanas, debían ser priorizadas.

Dijo que Ruiz Díaz hizo caso omiso a esa recomendación y siguió con la tramitación de titulación de 29 hectáreas a favor de Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal.

“Estas movidas de tierra siempre fueron bajo advertencia del desenlace considerando que hay muchos criterios que el presidente actual (del Indert) no tuvo en cuenta al momento de la adjudicación de estos lotes. Tampoco existe una escala de precios que por lo menos sirva de referencia actual. La última escala de precios data del año 2015”, señaló.

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Afirmó que en varias ocasiones se le recomendó actualizar la escala de precios antes de proceder a la venta de lotes en el Chaco, teniendo en cuenta el boom inmobiliario que existe en la zona.

La exasesora jurídica agregó que las últimas adjudicaciones en la zona del Chaco, específicamente en el sector del Corredor Bioceánico, cuando menos están viciadas e incluso pueden ser anuladas porque no siguieron el proceso establecido en el estatuto agrario.

Al respecto, la abogada enumeró las posibles contravenciones como la falta de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), atendiendo que el terreno es próximo al río Paraguay y que tampoco se tuvo en cuenta que es zona primaria muy cercana al futuro puente internacional del Corredor Bioceánico y al proyecto de aeropuerto.

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“Son zonas que deben adjudicarse a los entes estatales a efecto de su recaudación. Todo esto estaba sobre aviso y todo esto también constaba en la resolución del 2021 que firmó la extitular del Indert, Gail González. Ella otorgó correctamente a la DNIT, pero luego este presidente deja sin efecto la disposición sin ningún rigor técnico ni jurídico”, precisó.

El Indert adjudicó 29 y 60 hectáreas de tierras que debían ser para la DNIT y la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) a precios risibles de G. 18.256.082 (G. 630.415 –US$ 89– la hectárea) y G. 35.380.169 (G. 585.000 –unos 82 dólares– la ha.), respectivamente.

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No obstante, según anuncios publicitarios inmobiliarios, los terrenos en la zona del futuro puente internacional del Corredor Bioceánico ya se venden en la actualidad a entre US$ 20.000 (G. 141 millones) y 23.500 dólares (G. 166 millones) la hectárea.