De acuerdo con las estadísticas oficiales, el 71% de los docentes se jubila antes de los 55 años. Solo el 4% continúa en actividad luego de los 65 años. En los últimos cinco años la edad mínima observada de jubilación fue de 41 años, mientras que la edad promedio de retiro se ubicó en 52 años. Esta información revela que, en la práctica, el sistema permite retiros a edades considerablemente inferiores a las que se observan en la mayoría de los esquemas previsionales contributivos.

En un ejemplo ilustrativo del ciclo previsional del docente promedio dado a conocer por el MEF, se puede observar lo siguiente: El trabajador inicia aportes a los 25 años y desarrolla una trayectoria laboral activa de 27 años. Al jubilarse a los 52 años, solo seis años de su jubilación se encuentran cubiertos por los aportes realizados durante su vida laboral. A partir de ese momento, durante 19 años, el beneficio jubilatorio es financiado por el componente solidario del sistema.

Las cifras permiten dimensionar este descalce. Con un salario mensual de referencia de G. 7.774.968 y un aporte promedio mensual del 16%, equivalente a G. 1.243.995, el docente promedio aporta a lo largo de su vida laboral G. 403 millones a la Caja Fiscal. Sin embargo, los beneficios jubilatorios que recibe alcanzan G. 1.567 millones. El monto recibido casi cuadruplica el total aportado.

Este patrón implica que el sistema debe sostener durante casi dos décadas una jubilación que ya no guarda relación con el esfuerzo contributivo realizado, generando una necesidad permanente de financiamiento complementario que se traslada a las finanzas públicas.

Otros datos revelan que esta situación no es exclusiva del sector docente. En la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas se observan patrones similares de retiro temprano, con impactos aún más pronunciados en la relación entre aportes y beneficios.

En el caso de la Policía Nacional, el 78% de los agentes se jubila antes de los 55 años. En los últimos cinco años, la edad mínima observada fue de 32 años y la edad promedio de retiro, al igual que en el Magisterio, se ubica en 52 años. El ejemplo ilustrativo del ciclo previsional del agente promedio indica que inicia aportes a los 23 años y desarrolla una trayectoria laboral activa de 29 años. No obstante, solo tres años de su jubilación están cubiertos por aportes propios. Durante 22 años, el beneficio es financiado por el sistema solidario.

Con un salario mensual de referencia de G. 5.710.299 y un aporte promedio mensual de G. 913.648, el agente aporta G. 318 millones a la Caja Fiscal. Sin embargo, los beneficios que recibe alcanzan G. 2.619 millones, más de ocho veces el monto aportado.

Una situación muy similar se observa en las Fuerzas Armadas. El 74% de los militares se jubila antes de los 55 años. La edad mínima observada en los últimos cinco años fue de 35 años y la edad promedio de retiro se mantiene en 52 años. Si el militar promedio inicia aportes a los 25 años y trabaja 27 años, entonces al jubilarse, solo tres años de su beneficio están cubiertos por aportes propios. Durante 22 años, el financiamiento proviene del sistema solidario.

Con un salario mensual de referencia de G. 6.616.623 y un aporte mensual de G.. 1.058.660, el militar aporta G. 343 millones a la Caja Fiscal. Sin embargo, recibe beneficios por G. 2.651 millones.

En los tres regímenes analizados, un dato resulta central: la edad promedio de jubilación coincide en 52 años, mientras que la expectativa de vida considerada es de 77 años. Esto implica que el sistema financia alrededor de 25 años de jubilación, pero solo una fracción de ese período está cubierta por los aportes realizados durante la vida laboral activa.

La comparación entre Magisterio, Policía y Fuerzas Armadas evidencia un mismo problema estructural: la combinación de retiro temprano y mayor longevidad amplía de forma considerable el período durante el cual el Estado debe financiar beneficios jubilatorios que superan ampliamente el esfuerzo contributivo individual.

Estos regímenes especiales, al carecer de una edad mínima efectiva de jubilación, generan un desbalance que se replica de forma sistemática dentro de la Caja Fiscal. Por tanto, los datos y escenarios permiten visualizar que el déficit no responde únicamente a factores coyunturales, sino a reglas de diseño que determinan cuántos años se aporta y cuántos años se percibe un beneficio.

La información presentada por el MEF muestra que el desafío previsional no radica solo en el nivel de aportes, sino en la duración de los beneficios y en la edad a la que estos comienzan. En la medida en que el retiro ocurre a edades tempranas, el componente solidario del sistema asume un peso creciente, que irá presionando cada vez más sobre la sostenibilidad fiscal del régimen si no se comienzan a realizar, de forma urgente, reformas profundas.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones