Las víctimas de la mafia de los pagarés seguirán aguardando en ser escuchados por otra semana más debido que aún no fue fijada la fecha para la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para analizar el tema en el Congreso.

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El tema de la “Mafia de los pagarés”, figuraba como primer punto del orden del día de la sesión del pasado 14 de enero. Sin embargo, priorizaron el debate con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos sobre la reforma de la Caja Fiscal, propuesta que será analizada esta semana en la Cámara Baja.

Entre tanto, la segunda suspensión fue el pasado 29 de enero a pedido del presidente de la Comisión Especial de investigación sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”, Rafael Filizzola (PDP), pues se encontraba fuera del país.

La lenta solución al problema que generó el esquema judicial corrupto conocida como la mafia de los pagarés sigue preocupando a la coordinadora de víctimas.

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La respuesta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al pedido de informe de la Comisión Permanente es un ejemplo claro del poco interés que se tiene para identificar y castigar a los responsables de la mafia de los pagares.

De 11 casos que ingresaron al JEM, solo uno tiene resolución por la destitución, cinco jueces renunciaron a sus cargos y los otros cinco siguen en proceso.

La jueza de Paz del segundo turno de Catedral Natalia Soledad Garcete fue removida de su cargo el 20 de noviembre del 2025.

En tanto que renunciaron a sus cargos el juez de Paz Roberto Ferreira de Benjamín Aceval, el juez de Paz Jorge Franco de Nueva Asunción y la jueza de Paz Liliana González de Bristot de San Roque de la Capital.

También renunciaron a sus cargos el juez de Paz Carlos Darío Bogado de Mariano Roque Alonso, el juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez de La Recoleta de la Capital y el abogado José Segundo Velázquez.

Mientras que sigue los procesos para la jueza de Paz Carmen Cibils de La Encarnación, del juez de Paz Gustavo Villalba de La Catedral, de la jueza de Paz Norma Beatriz Ortiz de Luque y de la jueza de Paz Martha Beatriz Benítez de Villa Elisa.

La coordinadora de víctimas insiste a las autoridades en soluciones definitivas y el juicio político contra los ministros de Corte.