En el acta de la reunión de la semana pasada en la que anunció que mantendrá la tasa de intereses de referencia del país en el 13,75 % anual, divulgada este martes, el Comité de Política Monetaria (Copom) del emisor afirmó que el actual escenario de expectativas de inflación requiere de una política monetaria más restrictiva y prolongada que la que habría sido necesaria en otras circunstancias.

"En un ambiente de expectativas desancladas, como es el caso del actual, se exige una restricción monetaria mayor y durante más tiempo", señaló el organismo en el documento.

Al mantener la tasa de referencia en el 13,75 % anual, una de las mayores del mundo en términos reales, el emisor interrumpió una secuencia de cinco reducciones consecutivas de 0,25 puntos porcentuales que había comenzado en marzo, cuando los tipos estaban en el 15,0 % anual, su mayor nivel en dos décadas.

El deterioro de las perspectivas de inflación quedó reflejado en las nuevas proyecciones del Banco Central. El organismo elevó del 5,2 % al 5,6 % su previsión de inflación para 2026 y del 3,9 % al 4,7 % la correspondiente a 2027.

Las previsiones superan el techo de la meta oficial para ambos años, ya que el objetivo es terminar 2026 y 2027 con una inflación del 3,0 % anual, aunque se admite un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales, por lo que podría llegar a un máximo del 4,5 %.

El organismo atribuyó el empeoramiento de las expectativas a una combinación de factores internos y externos, entre ellos el encarecimiento del petróleo por los conflictos en Oriente Medio, los efectos climáticos del fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola y los costes de la energía, y la depreciación del real.

El Banco Central volvió a insistir, además, en la necesidad de coordinar las políticas fiscal y monetaria.

Según el emisor, el debilitamiento de los esfuerzos de reforma estructural y de disciplina fiscal aumenta las incertidumbres sobre la sostenibilidad de la deuda pública y dificulta el control de los precios.

En ese sentido, el organismo se sumó a los sectores que presionan al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido en octubre para su cuarto mandato no consecutivo, a poner en marcha un ajuste fiscal.

Pese a las presiones inflacionarias, el organismo reconoció que la actividad económica brasileña presenta señales más claras de desaceleración, especialmente en los sectores más sensibles a las variaciones de los tipos de interés, y que el mercado laboral comienza a mostrar indicios de enfriamiento.