El texto responde, según el Ejecutivo comunitario, a "un panorama de amenazas en rápida evolución, con riesgos de manipulación cada vez más sofisticados", y atiende la petición del Consejo Europeo -los líderes de los Veintisiete- de una revisión urgente de las recomendaciones actuales.

El borrador recomienda a las plataformas nuevas medidas para antes, durante y después de cada cita electoral. Las medidas tendrían que estar operativas entre uno y seis meses antes de la votación, reforzarse el último mes y mantenerse al menos un mes después.

Antes de las elecciones, y como defensa frente a la manipulación e injerencia informativas extranjeras (FIMI, por sus siglas en inglés), tendrían que detectar de forma temprana y desmantelar las redes de comportamiento inauténtico coordinado.

Para frenar las cuentas falsas, las plataformas tendrían que verificar el alta de usuarios, limitar el número de cuentas por persona y mostrar desde qué país se administra cada una.

También tendrían que probar sus algoritmos de recomendación antes de cada elección nacional, para comprobar que no se pueden manipular, y registrar los cambios que introduzcan en ellos en los seis meses previos al voto.

Durante la campaña, tendrían que identificar las tendencias sospechosas antes de que se vuelvan virales y etiquetar claramente los 'deepfakes', que deberían conservar la etiqueta al compartirse.

Asimismo, tendrían que retirarse con rapidez los 'deepfakes' ilegales de candidatos, que contarían con canales específicos de contacto con las plataformas para gestionar las amenazas, el acoso y las suplantaciones de identidad.

Los chatbots y buscadores con IA deberían citar fuentes fiables y oficiales, avisar de posibles errores y no usar como fuente a entidades sancionadas por la UE.

Los anuncios políticos tendrían que figurar en repositorios públicos, con anunciantes verificados, y las cuentas monetizadas tendrían que estar claramente etiquetadas.

Tras la votación, las empresas tendrían 30 días para enviar a la Comisión y al coordinador nacional de servicios digitales un informe sobre cómo han mitigado los riesgos, y tendrían que publicar además una versión pública.

Las directrices se enmarcan en la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas a mitigar los riesgos electorales, y aunque no son vinculantes, quien no las siga debe probar que sus medidas son igual de eficaces.

El texto actualiza el de 2024, que ya recomendaba, entre otras medidas, planes específicos para cada elección, cooperación con las autoridades, mecanismos de respuesta a incidentes y revisiones posteriores a la votación.

La consulta, abierta hasta el 23 de noviembre, invita a autoridades, plataformas, empresas y sociedad civil a dar su opinión sobre el borrador antes de su publicación final.