El cartista Óscar Venancio “Ñoño” Núñez Giménez está con arresto domiciliario a la espera de la resolución de su caso, en el que fue condenado a 11 años de cárcel y 10 de inhabilitación en primera instancia.

Fue juzgado por lesión de confianza y administración en provecho propio por el robo de G. 42.000 millones durante su paso como gobernador de Presidente Hayes.

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Sin embargo, mediante diversas artimañas jurídicas consiguió su arresto domiciliario en su quinta de Villa Hayes, donde organiza ostentosas fiestas para “marcar presencia” en la arena política local.

En septiembre último organizó un evento por el 138 aniversario del Partido Colorado, al cual asistieron varios parlamentarios, entre ellos su hermano el senador Basilio “Bachi” Núñez, la diputada cartista Ida Cattebeke y el intendente de Benjamín Aceval, Pedro Ortiz, padres de una de las tres magistradas que deben resolver la sentencia que fue apelada por Ñoño, por lo que hay sospecha de que su caso va rumbo a la impunidad.

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En tanto, recientemente llevó a cabo una “cena de fin de año” donde se hizo el lanzamiento de la campaña por el “rekutu” del intendente de Villa Hayes, Luis López (ANR-HC), que también contó con la presencia de varios correligionarios, funcionarios públicos, financistas y parlamentarios.

En enero del 2024 el hermano del presidente del Congreso presentó un recurso de apelación especial a su condena por corrupción.

Esa resolución aún no fue resuelta por las diversas chicanas que se presentaron en estos doce meses. El Tribunal Multifueros de Villa Hayes que debe resolver el pedido está integrado por los camaristas María Elena Meza, Jazmín Ortiz y Carlos Escobar Espínola.

Este equipo se conformó luego de un conflicto de competencia entre Asunción y Villa Hayes.

El inconveniente judicial fue resuelto por la Sala Penal con el voto de Víctor Ríos y Luis Benítez Riera, quienes decidieron llevar al Tribunal Multifueros del distrito de Villa Hayes el caso. Pero luego Ñoño volvió a apelar argumentando “falta de imparcialidad” al mero efecto dilatorio y para seguir lejos de una penitenciaría.

La abogada María Esther Roa, de Somos Anticorrupción Paraguay”, cuestionó la mora judicial que beneficia a los corruptos, por lo cual su organización insiste con denunciar las diversas chicanas jurídicas que plantean los políticos para evitar rendir cuentas por sus robos.

En el caso de Ñoño Núñez se presentaron 159 notas de urgimiento a los magistrados. Desde el 2018, la sociedad civil se presentó ante el Juzgado Penal de Garantías para que se pueda llevar a cabo la audiencia preliminar que, en el caso de Óscar Núñez, se suspendió 33 veces antes de ser enjuiciado.

Luego se apeló también la resolución que elevó el caso a juicio oral y nuevamente se hizo lo mismo con la condena.