El documento oficial del examen remitido por el ministro del Interior, Enrique Riera al titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún detalla que los comisarios fueron evaluados mediante el sistema de polígrafo computarizado Lafayette y sometidos a una técnica que indaga patrones de verdad y engaño en preguntas sensibles relacionadas a corrupción, filtración de datos y vínculos criminales.

El documento menciona que se midieron “los patrones de verdad y decepción se establecieron a través de una técnica conocida como AIR FORCE AFMGQT 3R, que incluye en el formato preguntas neutrales, relevantes, relevantes de sacrificio y comparativas”.

Indican que “a los evaluados se le explicaron los componentes del polígrafo que consisten en la unidad de CARDIO, la unidad de NEUMO y la unidad de GSR”. “Los evaluados han firmado el acta de consentimiento informado para la realización del examen de poligrafía”.

Los ejes evaluados en la prueba del polígrafo fueron los siguientes:

1. ¿Incumplió obligaciones a cambio de recibir dinero?

El primer tema apuntó a detectar si el evaluado incurrió en sobornos, coimas o corrupción administrativa para obtener beneficios dentro de su cargo. Este punto es de alto impacto institucional.

2. ¿Facilitó información con fines ilegales a organizaciones criminales?

El segundo eje evaluó si algún comisario transmitió o compartió información confidencial o estratégica con estructuras criminales, incluyendo datos de operativos policiales. Es uno de los puntos más sensibles en el contexto del crimen organizado.

3. ¿Tuvo vínculos ilegales con delincuentes?

La tercera sección indagó posibles colaboraciones activas, intercambio de recursos o apoyo logístico con grupos delictivos. El tema apunta a identificar conexiones riesgosas dentro de la propia institución.

La revelación de estos temas intensifica la controversia, especialmente porque la prueba se convirtió en un filtro obligatorio para determinar quiénes accederían —y quiénes no— al listado final de ascensos.

Sobre todo porque durante el debate en el Senado fueron cuestionados los antecedentes de varios ascendidos (12 de los 34 en total), por presuntamente poseer antecedentes vinculados a casos del crimen organizado pero que fueron igualmente ascendidos con el argumento de que finalmente no tuvieron condena o castigo.

Entre los señalados en el Senado figuran el ahora comisario general director Ignacio Ramón Muñoz, cuyas conversaciones con el entonces diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (ya fallecido) fueron divulgadas mediante una orden judicial, y en ellas se evidenció que habría fungido como una especie de “apretador” en favor del legislador.

“Tenés mi respaldo absoluto. Le dije al ministro Riera, que sos mi hombre acá en Amambay”, señala uno de los tantos mensajes enviados por Lalo Gomes a Muñoz.

Al momento de su muerte durante un allanamiento a su residencia en Pedro Juan Caballero, “Lalo Gomes estaba investigado por presunto lavado de dinero vinculado al crimen organizado, proceso que sigue contra su hijo Alexandre Rodrigues Gomes.

Otro nombre objetado había sido el del ahora Crio. principal Juan Alejandrino Pereira Aguilar, en cuya administración al frente de Interpol se había borrado –entre otros– la alerta roja y orden de captura de Gianina García, la esposa del presunto narcotraficante prófugo Sebastián Marset.

A este, el propio ministro del Interior, Enrique Riera se encargó de defenderlo, diciendo que finalmente se desestimaron las sospechas en su contra porque había otros uniformados que tenían acceso a su cuenta.

En el caso de Muñoz habían dicho que había que ver el “contexto” de las conversaciones con Gomes.

El uso del polígrafo como condicionante para los ascensos de policías -además de las críticas por parte de la oposición- generó una fuerte guerra interna dentro del cartismo y terminó de estallar con fuertes acusaciones contra el ministro del Interior Enrique Riera y el comandante de la Policía Carlos Benítez, a quienes acusaron de “recaudadores” de supuestas coimas. Sin embargo, todo terminó en aguas de borraja.

Aunque el conflicto fue de tal magnitud que terminó quebrando la bancada de Honor Colorado en el Senado, empezando con la salida del senador oficialista Carlos Núñez Agüero de ese grupo para crear un nuevo bloque, nada ocurrió acerca de las graves denuncias que incluso podrían tener carácter penal.

“G. 150 millones pagaron cada uno. Muchísimo, G. 1.500 millones en bolsillo de quién va, según cuentan, en el bolsillo del ministro (Riera). Es un gran recaudador y, lastimosamente, tengo que decir eso, porque algunos que dieron los G. 150 millones me comentaron que no están en la lista para el ascenso”, había disparado Núñez Agüero.

Pese a las acusaciones de “coimero” contra el ministro del Interior, la Fiscalía no movió un dedo, así como tampoco con relación a las publicaciones de fotografías de una lujosa residencia del comandante Benítez y otras presentadas en el Senado por el legislador.

Incluso, Núñez Agüero había salpicado al presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), diciendo que le había ofrecido cargos para calmar su “enojo”, lo cual podría constituir hecho de intento se soborno e incluso posible coacción a un órgano constitucional; sin embargo, todo esto fue al “oparei”.