Una mayoría cartista en la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC), desde junio de 2023 hasta ahora, ha salvado o cajoneado todos los pedidos de intervención municipal a intendentes oficialistas (ver el cuadro).

El único intendente cartista intervenido y obligado a renunciar fue Oscar “Nenecho” Rodríguez ante la imposibilidad de tapar los supuestos hechos de corrupción de su gestión, pero, en represalia, el oficialismo destituyó a Miguel Prieto (Yo Creo) de Ciudad del Este.

Plantean “blanquear” otras intendencias, empezando por la que dirige el padre de Hernán Rivas

Con estas conductas, el cartismo desafía a la ciudadanía y cree que no tendrá consecuencias electorales en las municipales 2025 y 2026 y en los comicios presidenciales de 2028.

La Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, que debe dictaminar cualquier pedido de intervención, es presidida por el diputado Esteban Samaniego (ANR, HC) imputado por posibles desvío de fondos siendo intendente de Quyquyhó y cuya esposa, la intendenta Patricia Corvalán, también está imputada y con pedido de intervención cajoneado.

Entre los principales casos cajoneados de pedidos de intervención también están los intendentes de: Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC), padre del senador cartista Hernán David Rivas) y de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR, HC), hermano del diputado cartista Domingo “Mino” Adorno.

Otros casos graves se detectaron en: Ñemby, donde el cartismo protege al imputado intendente Tomás Olmedo (ANR) y en Carapeguá a Luciano Cañete (ANR) así como en San José del Rosario a Miguel Ángel Gray (ANR).

También están cajoneados desde octubre del año pasado un segundo pedido contra Olmedo de Ñemby y otro contra el intendente de Ybyrarobaná, César Darío Machuca (ANR).

Hay casos de intendentes procesados, pero con protección de sus juntas municipales. Esto ocurre con el intendente de Jesús de Tavarangué, Víctor Garay (ANR, HC), quien está acusado por un presunto perjuicio de G 2.443 millones. Su Junta lo protege y en Diputados no lo tocan.

Agustín Ovando (ANR, HC), intendente de Santaní, tampoco tiene pedido de intervención, pese a estar imputado por presunta lesión de confianza. Los ediles lo acusan por un faltante de G. 1.000 millones y un préstamo de G. 700 millones que no informa dónde se ejecutó. Él dice que lo persigue el gobernador de San Pedro Freddy D’Ecclesiis (ANR, HC). Pero tampoco rindió G. 8.251 millones del Tesoro Nacional en 2024.

Emigdio Ruiz Díaz (ANR, HC), intendente de San Bernardino, fue imputado por supuestos delitos ambientales ligado al manejo de la basura en la ciudad veraniega. Sin embargo, goza de la protección del presidente Santiago Peña, probablemente porque facilitó la construcción de la mansión del jefe de Estado.