Tras un breve debate con todos los oradores a favor de la ley y las modificaciones introducidas, la Cámara de Diputados resolvió esta tarde sancionar la ley MAFE, sobre personas desaparecidas, y remitirla al Poder Ejecutivo para su promulgación, veto o veto parcial.

Las modificaciones del Senado fueron explicadas por la diputada Cristina Villalba “La Madrina” (ANR, HC), presidenta de la Comisión de Presupuesto, sobre los agregados a la ley, la coordinación con la Policía Nacional y la ampliación de facultades a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al sistema 911.

En el uso de la palabra también apoyaron la ley el diputado Rodrigo Blanco (PLRA) y la diputada Rocío Abed (ANR, HC) entre otros.

Aprobarían modificaciones de “ley MAFE” en Diputados

Durante la votación, el diputado cartista Hugo Meza (ANR), en el uso de la presidencia, creyó que se habían rechazado las modificaciones del Senado y anunció el regreso del expediente a la Cámara Alta. Cuando fue corregido, atribuyó la equivocación a un “error de imprenta”.

La iniciativa, que se originó a raíz del lamentable final de la joven María Fernanda Benítez, quien fue víctima de feminicidio en Coronel Oviedo en mayo pasado, oficializa y centraliza la información en un registro público y gratuito, pero de acceso restringido, que contendrá datos personales y un historial de todo el trabajo realizado por las fuerzas policiales y de investigación.

El actuar tardío del Gobierno fue muy cuestionado en este caso debido a que en 2024, los legisladores del oficialismo rechazaron el proyecto que creaba el sistema de alerta de desaparecidos porque no había recursos, supuestamente.

El registro nacional permitirá centralizar y sistematizar datos bajo principios de confidencialidad, protección de datos personales y acceso a la información pública. Asimismo, el sistema de alerta MAFE (por María Fernanda), inspirado en modelos exitosos como la Alerta Amber, activará mecanismos de difusión inmediata en todo el país, utilizando medios de comunicación, plataformas digitales y servicios de telefonía, con la cooperación de instituciones públicas y privadas. Entre las modificaciones se destacan que, desde el momento en que exista una denuncia, la Policía y el Ministerio Público deberán actuar de inmediato y activar el protocolo de búsqueda. Asimismo, en el artículo 9 se estableció la capacitación obligatoria a todo el personal policial.

Se incluyó también en el artículo 11 que en caso de denuncias falsas (artículo 289 del Código Penal) o temerarias (artículo 288 del Código Procesal Penal), los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público. También se realizaron modificaciones de estilo en los artículos 14 y 15.