Tras una semana del anuncio por parte del gobierno de Santiago Peña, de cerrar todos los locales de la cadena de tiendas Biggie, la Dinavisa volvió a habilitar los 263 locales tras una lenta y burocrática inspección de cada predio, pese a que para tomar la decisión de cierre, solamente inspeccionaron los productos de dos locales, de acuerdo a los documentos provistos por las instituciones.

“263 tiendas habilitadas. Te esperamos las 24 horas en todas nuestras tiendas a nivel país”, indica el aviso compartido por la empresa en sus redes sociales.

La orden de cierre fue anunciada por la ministra de la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco), Sara Irún, el martes pasado. Según la secretaria de Estado, la orden la dio el mismo presidente de la República, Santiago Peña. Incluso reafirmó en una entrevista en el programa Ancho Perfil, de ABC Cardinal, que las tiendas debían cerrar.

Sin embargo, un día después la propia Sara Irún dijo que “malentendió” la resolución de Dinavisa y que la cadena solo debía retirar los productos denunciados con reetiquetados y vencidos, no cerrar los locales. Pese a que se corrigió de lo que aludió como un “error”, la Dinavisa tardó una semana entera en rehabilitar la operación de todas las tiendas.

Biggie: a una semana, siguen cerradas 35 tiendas en un lento y burocrático proceso

La medida tomada por el Gobierno fue rechazada y denunciada por varios gremios, entre ellos la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), quienes calificaron la misma de “desproporcionada”.

Otro gremio que advirtió de las graves consecuencias de la decisión del gobierno fue la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), ya que la misma impactó negativamente en el clima de negocios y en la economía nacional en su conjunto, además de afectar la estabilidad y la previsibilidad, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, lo que ahuyentaría las inversiones extranjeras, algo que el gobierno de Peña afirma que busca constantemente con los ya varios viajes realizados por el mandatario.

Otros gremios que salieron al paso fueron la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara Paraguaya de Operadores Móviles del Paraguay, la Asociación de Bancos del Paraguay, la Cámara Paraguaya de Anunciantes del Paraguay, entre otros.

El director de la cadena Biggie, Giuliano Caligaris, dijo que recién tras la apertura de todos los locales podrían llegar a dimensionar el impacto económico del cierre. Detalló que el cierre afectó a 5.300 trabajadores, más de 500 proveedores que son pequeños y medianos emprendedores, emprendedores artesanales, además de empresas distribuidoras de bebidas y otros insumos y miles de clientes.

Caligaris también lamentó que el proceso de habilitación se dio de una manera burocrática y lenta, con la inspección de los 263 locales, cuando el Gobierno tomó la decisión del cierre de los mismos tras inspeccionar tan solo dos de las tiendas, de acuerdo a documentos.

Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que integra a más de 1.300 periódicos de Latinoamérica, se pronunció sobre el caso, exigiendo que las autoridades actúen con transparencia para que las medidas estatales no se vean como represalias o neutralización de críticas periodísticas, considerando que la cadena Biggie está vinculada al grupo Zuccolillo, integrado también por el diario ABC Color.

Esto considerando que el propio Santiago Peña, presidente de la República, evidenció su molestia por las publicaciones de ABC, llegando a lanzar amenazas como "¡Cuidadito!", cuando se mostró la vida de lujos en su mansión construida en San Bernardino, a los pocos meses de su asunción.