En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, comentó que está en marcha un examen de correspondencia sobre la declaración jurada y las finanzas de Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso Nacional imputada por supuesta apropiación, estafa y lesión de confianza.

Acosta es una de las personas imputadas en el marco de la investigación de un presunto hecho de despojo de más de 700 millones de guaraníes de una indemnización de la Administración Nacional de Electricidad a las familias de dos personas que fallecieron por electrocución accidental.

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Acosta –vecina de las familias de los fallecidos– y un abogado de nombre Darío Flores se ofrecieron como “gestores” del resarcimiento y efectivizaron cheques por 800 millones de guaraníes -400 millones para cada familia-, pero solo entregaron 40 y 35 millones a cada una.

En abril de este año, cuando presentó declaración jurada a la Contraloría, Acosta reportó un pasivo de 15 millones de guaraníes. Sin embargo, meses después la funcionaria de la Cámara de Diputados –quien estaba comisionada en la Municipalidad de R.I. 3 Corrales– ostentaba en redes sociales la compra de una camioneta 0 km.

Torres dijo que se solicitaron informes a “diferentes instituciones” para cruzar datos con la declaración jurada de abril y explicó que, al haber sido cesado recientemente su comisionamiento en R.I. 3 Corrales –luego de que se hiciera público el supuesto hecho de apropiación y estafa–, la funcionaria está obligada a presentar una nueva declaración jurada en un plazo de 15 días hábiles desde ese cese.

La Constitución Nacional establece que todo funcionario público debe presentar declaración jurada en un plazo de 15 días hábiles después de asumir un cargo y a más tardar 15 días después de cesar en el cargo, explicó el representante de la Contraloría.

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Enfatizó que, aunque Acosta no presente una nueva declaración jurada, la Contraloría cuenta con los elementos para “percatarnos si su incremento patrimonial se condice con sus ingresos”.

Añadió que se verificará si en el periodo pertinente la funcionaria adquirió algún préstamo que pueda explicar adquisiciones como la del vehículo que ostentaba en redes sociales.