El interventor de Asunción, Carlos Pereira, confirmó un avance de apenas entre 2% y 3,5% en las obras de desagüe pluvial iniciadas este año por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Los datos están contenidos en el informe pericial encargado por Pereira, que confirmó además que los retrasos corresponden, entre otras causas, a fallas en los proyectos. Los trabajos habían sido comprometidos con los bonos G8, emitidos en 2022, por G. 360.000 millones.

La cuenca de General Santos y San Antonio, donde Rodríguez realizó la palada “simbólica” el 20 de marzo de este año -hace casi 5 meses-, registra un avance de apenas el 3,35%, confirmó el interventor. Este porcentaje corresponde solamente a los trabajos de pavimentación de calles alternativas. Según denuncian los vecinos y pudo constatar ABC, en la zona de obras no existe actualmente obrero o maquinaria alguna trabajando.

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La obra, además, tiene “retrasos en el cronograma de ejecución atribuibles, principalmente, a inconvenientes derivados de situaciones no previstas en el proyecto original, que imposibilitan su correcta ejecución, así como la falta de datos precisos respecto de la ubicación y dimensión de cañerías”, dice parte del informe pericial.

La construcción del desagüe de la cuenca de General Santos y San Antonio había sido adjudicada a la Constructora Teco S.R.L., representada por Erik Wolf, por un total de G. 42.305 millones, con adelanto de G. 8.000 millones. El plazo de entrega es el 31 de diciembre de este año. ABC intentó obtener la versión oficial del representante legal de la firma, pero no obtuvo respuestas en su teléfono con terminación 900.

Vecinos se sienten abandonados

Elías Piris, vecino, contó que desde hace unos meses no tienen novedades respecto de la obra y que la Constructora Teco S.R.L. se llamó a silencio luego de iniciarse la intervención de la comuna. La empresa les había hablado de la presentación de una adenda para modificar el proyecto, que disminuiría el caudal de agua que pasaría por el arroyo Las Mercedes, frente a sus casas, aunque tampoco confirmó su viabilidad.

“No sabemos cómo va a a terminar este tema realmente. No hay información oficial de la municipalidad, ni del interventor, ni de la empresa. No tenemos absolutamente nada”, dijo Piris a ABC.

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El vecino aseguró que ellos acompañarían la modificación del diseño original, para que el 70% pase por General Santos y el 30% por el arroyo. “Porque si no, muchísimas familias se van a quedar bajo agua, si todo lo colectado en la cuenca se vierte acá”, reclamó. Agregó que la adenda debería tener el visto bueno de la Junta Municipal, por lo que el proceso sería mucho más largo de lo que desearían.

Gregoria de López, otra vecina, dijo que ellos no permitirían que la obra se desarrolle de la forma planificada originalmente, porque eso les generaría un daño importante, ya que hicieron grandes inversiones para garantizar su seguridad.

Santo Domingo, también con retraso

Según el mismo informe pericial, ordenado por Carlos Pereira, en la cuenca de Santo Domingo, cuya palada “simbólica” se dio el 27 de marzo, se observó un avance de obra de apenas el 2%, con “retrasos en el cronograma de ejecución, atribuibles a lluvias constantes, que generaron inconvenientes por situaciones no previstas en el proyecto original”.

En ese lugar, los vecinos habían reportado que la lluvia había destruido el hormigón hidráulico construido sobre la calle Nuestra Señora del Carmen. Estos daños, constatados por ABC, nunca fueron reparados.

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Además, habían reclamado el lento avance y apuntaban a la falta de suficiente de personal y maquinaria. En varias oportunidades, ABC constató la presencia de un máximo de 8 obreros, ninguno de los cuales estaba trabajando.

La obra del desagüe pluvial de Santo Domingo fue adjudicada al Consorcio Pluvial Santos, representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani e integrado por Chaves Construcciones y Covipa, por G. 72.389.446.724. El plazo de ejecución de los trabajos es de 12 meses. La contratista recibió, en concepto de anticipo, G. 14.030 millones.

Avance de hasta 35% en obras del año pasado

Según el informe pericial realizado por el equipo interventor, el desagüe pluvial de la cuenca Itay registra un “avance de obra estimado en 35%, con retrasos en el cronograma de ejecución atribuible a las lluvias”. El informe también da cuenta de “inconvenientes por situaciones no previstas en el proyecto original”.

La obra, que comenzó el año pasado, había sido adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto, integrado por Construcciones y Viviendas Paraguayas (Covipa) y Chaves Construcciones S.A.I., y representado legalmente, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total de la obra es de G. 71.393 millones, de los cuales, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se habrían pagado G. 23.792 millones.

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La contratista había presentado el 17 de junio de este año, apenas una semana antes de asumir el interventor, un avenimiento del contrato ante la DNCP. Según confirmó el director jurídico de la Municipalidad, Jorge Cantero, la comuna había solicitado un cuarto intermedio, dada las limitaciones del interventor para intervenir en el asunto, lo que no habría sido aceptado por la empresa privada y podría derivar en acciones judiciales.

En tanto, en el desagüe pluvial de San Pablo (cuenca Lambaré), que también comenzó el año pasado, el informe pericial constató un “avance estimado del 30% con problemas lluvias también que han derivado en múltiples inconvenientes”. Se cita como ejemplo que “la fuerza del agua ha ocasionado daños considerables y retrasos en la ejecución”.

La intervención

Hoy, miércoles, se cumplen 50 días del proceso de intervención, realizado por pedido de la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó, entre otras cosas, el desvío de G. 500.000 millones de bonos emitidos para obras que no se ejecutaron. Esto también se denunció a la Fiscalía, que mantiene una investigación abierta. Nenecho, además, está imputado por lesión de confianza y asociación criminal, por la causa de los detergentes de oro, donde se estima un perjuicio de G. 1.850 millones.

Durante la intervención, que comenzó el 24 de junio, son varias las revelaciones que se dieron. Entre ellas, la confirmación de que Nenecho gastó la mitad del dinero de los bonos en el pago de salarios. Pereira afirmó que la Municipalidad era un “loteamiento” por “cupos políticos” y está “moralmente destruida”.

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Varias fueron las denuncias de “cajas paralelas”. El director del Mercado 4, Alejandro Buzó, reveló un suspicaz repunte del 80% de la recaudación tras la intervención y el cese de cobros irregulares a los permisionarios.

Pereira también confirmó que hay 9.119 funcionarios y que, pese a la existencia de 27 sistemas informáticos distintos, su uso fue casi nulo, sobre todo en lo que respecta al control del personal.

Durante este periodo, los concejales denunciaron también supuestos esquemas de sobrefacturación y operaciones de la intendencia que podrían haber concluido en el “regalo” de tierras municipales.