Estas son las cuatro claves para seguir unos comicios en los que el actual presidente, Hakainde Hichilema, presume de sus logros macroeconómicos pero enfrenta críticas por la pobreza persistente y las acusaciones por una creciente represión de la disidencia:

Un total de 8,7 millones de electores -de una población total de unos 22 millones- están llamados a votar en unos 13.500 colegios electorales para elegir a su próximo jefe de Estado, por un mandato de cinco años, según la Comisión Electoral de Zambia (ECZ, por su siglas en inglés).

Catorce candidatos concurren por la Presidencia, pero solo dos parecen tener opciones reales de ganar.

Por un lado, Hichilema, del gobernante Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND), que cuenta con el apoyo de una quincena de partidos.

Por el otro, el opositor Brian Mundibile, del Partido Nacional de Reconciliación por la Unidad y la Prosperidad (NRPUP) y al frente de la Alianza Tonse Pamodzi ("Todos nosotros juntos" en chichewa), integrada por varias formaciones frente a la fragmentación del resto de la oposición.

Según la ley zambiana, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos en una primera vuelta, debe celebrarse una segunda entre los dos aspirantes más votados.

Los zambianos también decidirán la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y votarán a los gobiernos municipales.

Tras su victoria en 2021, Hichilema busca la reelección para continuar con su programa de gestión económica, cuyo principal logro fue el acuerdo alcanzado en marzo de 2024 para reestructurar una deuda de más de 3.500 millones de dólares en eurobonos dentro del Marco Común del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes).

Zambia, primer país africano en entrar en suspensión de pagos durante la pandemia de la covid-19, busca ahora un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras finalizar en enero el anterior de 1.700 millones de dólares (1.476 millones de euros), que ayudó a reducir la deuda hasta el 94 % del producto interior bruto (PIB), desde el 133,4 % en 2023, según el Banco Mundial (BM).

Pero sus detractores critican que estos hitos no han resuelto el alto coste de vida, el desempleo ni la escasez energética, en un país donde solo el 53,6 % de la población tiene acceso a la electricidad, según datos de 2024 del BM, que sitúa en la pobreza a un 71,7 % de la población, con 3 dólares (2,60 euros) al día.

El PIB de Zambia, según el BM, fue en 2025 de 28.800 millones de dólares (unos 25.000 millones de euros), con un crecimiento del 3,8 % basado principalmente en la agricultura, la minería y el turismo.

La riqueza en recursos mineros de este país del centro-sur de África lo convierte en un escenario clave de la competencia geopolítica entre potencias internacionales, como China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Pekín, que va años por delante de los países occidentales en cuanto a su presencia en África, ha revitalizado recientemente la línea ferroviaria de Tazara, cuyos 1.860 kilómetros unen el puerto tanzano de Dar es Salaam con la localidad zambiana de Kapiri.

Mientras, EE.UU. y la UE han financiado el Corredor de Lobito, un ferrocarril que unirá el océano Atlántico con las minas de la República Democrática del Congo (RDC) y Zambia a través de Angola.

Washington también intentó obtener recientemente un acceso preferencial a los minerales de Zambia a través de un acuerdo sanitario que finalmente fue rechazado por el Ejecutivo zambiano.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) han alerta en los últimos años sobre diferentes casos de contaminación minera en los que residuos tóxicos afectan a la salud de comunidades.

Esas mismas organizaciones, así como expertos de la ONU, han denunciado un contexto cada vez más hostil contra la oposición, la disidencia y los periodistas, con acusaciones de detenciones "arbitrarias" y una represión creciente de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Así, la oposición y la sociedad civil han rechazado cambios constitucionales que amplían el número de diputados y circunscripciones electorales, al considerar que favorecen al oficialismo, y el uso de leyes cibernéticas y de sedición para reprimir a las voces críticas con el Gobierno, entre otras medidas.