La propuesta del Ministerio de la Defensa Pública introduce una innovación legal: un defensor público que represente a periodistas víctimas de amenazas, agresiones, lesiones o ataques a su domicilio en el ejercicio de sus funciones.

Este rol permitiría brindar asistencia jurídica gratuita y especializada, fortaleciendo la protección legal de quienes ejercen el periodismo en Paraguay. “El planteamiento es interesante porque permitiría acciones jurídicas directas en defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo”, señaló Víctor Benítez, director de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Datos alarmantes: asesinatos y agresiones contra periodistas

El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, recordó que desde 1991 se registraron 21 periodistas asesinados en el país, la mayoría de los casos permanecen en la impunidad. Además, mencionó 600 casos de agresiones y los recientes ataques contra las viviendas de dos periodistas.

“Las zonas de frontera en Paraguay son catalogadas por la CIDH como ‘zonas silenciadas’, donde el periodismo se ejerce bajo amenazas constantes. Esto deteriora la democracia y limita la libertad de expresión”, afirmó Ortíz.

Asimismo, mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ordenó a Paraguay, como medida de no repetición, la adopción de una ley específica para proteger a periodistas. Este marco normativo se convierte así en un compromiso internacional y una garantía para el ejercicio de la libertad de prensa.

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El proyecto de ley crea un mecanismo de protección integral con una comisión mixta de siete integrantes: representantes del Estado, la Justicia, la Defensoría Pública y la sociedad civil. Tendrá la capacidad de dictar medidas urgentes de protección en casos de riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos.

“El proyecto no solo defiende la vida y seguridad de los periodistas, sino el derecho a la información de toda la sociedad”, destacó Luisana Colombo, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún (ANR, HC), apoyó la propuesta e instó a trabajar con los gremios periodísticos para lograr un dictamen unificado antes del debate en el pleno.

Por su parte, el senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista) expresó apoyo general al proyecto, aunque cuestionó algunos puntos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión, advirtiendo sobre el impacto que tienen las acusaciones mediáticas en la reputación personal.

Sobre este punto, Ortiz señaló al senador que para ello existen mecanismos constitucionales.

Organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que la adopción de esta ley será un reaseguro para la democracia y la libertad de expresión en Paraguay, en un contexto regional donde el periodismo sigue siendo una de las profesiones más peligrosas.

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La sesión del 15 de octubre en la sala de sesiones del Senado será determinante: marcará si Paraguay avanza hacia la implementación de una política pública robusta para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos o si el debate continuará postergándose.