La Comisión Especial de Investigación, Seguimiento y Esclarecimiento de los presuntos hechos punibles de Corrupción detectados en el IPS y el Ministerio de Salud tuvo este jueves su primera reunión y aprobó un cronograma de trabajo que abarcará el periodo 2021-2026.

El objetivo general será determinar las razones que llevaron a la acumulación de deudas de ambas instituciones y reconstruir la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos durante el periodo investigado.

El presidente de la comisión, Dionisio Amarilla (PLRA, aliado cartista), explicó que se prepararon 36 formularios para el IPS, con los que se buscará recopilar información administrativa, financiera y de gestión para posteriormente cruzar los datos. La primera etapa se concentrará en el IPS debido al volumen de información, para luego avanzar con el Ministerio de Salud.

¿Cuándo retomará la comisión la investigación?

La comisión volverá a reunirse el 8 de octubre, cuatro días después de las elecciones municipales. El primer convocado será el contralor general de la República, Camilo Benítez, quien deberá aportar informes y antecedentes de auditorías realizadas al IPS.

El vicepresidente de la comisión, Ramón Retamozo (ANR), planteó que la Contraloría sea convocada antes que el presidente del IPS, Derlis León. La propuesta también fue acompañada por el senador Juan Afara (ANR).

El calendario aprobado continúa de la siguiente manera:

8 de octubre: contralor general Camilo Benítez. 15 de octubre: presidente del IPS, Derlis León. 29 de octubre: director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina. 12 de noviembre: superintendenta de Jubilaciones, Griselda Figueredo, además de representantes del BCP, Asoban y otras asociaciones bancarias. 26 de noviembre: ministro de Economía, Óscar Lovera. 17 de diciembre: representantes de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma). Diciembre, fecha a definir: ministro de Salud, Isaías Fretes. ¿Qué investigará el Senado sobre el IPS?

Los requerimientos abarcarán recursos humanos, contrataciones, pagos, concesiones, tercerizaciones, proveedores, deudas, financiamiento e inventario de bienes muebles e inmuebles.

También se analizará la administración de los fondos jubilatorios y sus montos globales, las modificaciones de la ejecución presupuestaria y las colocaciones de recursos del IPS en bancos e instrumentos financieros.

La comisión pretende reconstruir cómo se comportaron esas colocaciones desde 2021, tomando en cuenta los límites establecidos por la legislación bancaria y la nueva normativa de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Esperanza Martínez pide concentrarse en las compras y contratos

La senadora Esperanza Martínez (PPC) advirtió que el objetivo no debe ser acumular una gran cantidad de documentos sin lograr identificar los hechos relevantes.

“Nosotros estamos buscando corrupción, aquellos hechos que hoy desangran a las dos instituciones como IPS y Salud”, señaló, al plantear que la investigación se concentre en áreas como compras, licitaciones, contratos y tercerizaciones.

Lea más: Esperanza Martínez pide a Fretes que sus recorridos por hospitales no sean una “visita turística”

En el caso del IPS, propuso además solicitar el listado de empresas morosas, verificar qué funcionarios públicos cotizan al seguro y determinar si el Estado cumple con el pago de esas obligaciones.

También planteó revisar si las empresas que participan de licitaciones estatales, incluidas las vinculadas al programa Hambre Cero, cumplen con sus obligaciones ante el IPS.

Medicamentos, deuda y software donado por Taiwán

El senador Líder Amarilla (PLRA) puso el foco en la provisión de medicamentos y planteó investigar si existen casos en los que los productos son facturados pero no llegan a la institución o, cuando llegan, determinar qué ocurre posteriormente con ellos.

También pidió investigar el origen de una deuda que, según mencionó, asciende a G. 1.200 millones, además del listado de inmuebles y los gastos judiciales de la institución.

Otro punto que pretende esclarecer es qué ocurrió con un software donado por Taiwán para controlar la trazabilidad de medicamentos, que, según afirmó, nunca habría sido puesto en funcionamiento. Planteó determinar incluso cuántas veces fueron adquiridos sistemas similares.

Pidió y prevé solicitar información sobre abogados y demandas judiciales contra empresas.