El Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia se encuentran trabajando para garantizar el derecho al voto de las Personas Privadas de Libertad que estén legalmente habilitadas.

Se trabaja en una Mesa Técnica Interinstitucional para coordinar acciones y definir mecanismos que hagan posible el ejercicio efectivo del sufragio dentro de los establecimientos penitenciarios.

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Se analizan distintas alternativas, entre ellas la eventual instalación de mesas de votación en los centros de reclusión, y se evalúan las condiciones logísticas, de seguridad y de transparencia.

Las autoridades nacionales coinciden en que la privación de libertad no implica la pérdida automática de los derechos ciudadanos; sin embargo, en la práctica los presos no pueden votar por una serie de barreras, principalmente logísticas.

Desde la Justicia Electoral informan que en estas elecciones municipales, previstas para el 4 de octubre los presos no podrán votar, pero se está trabajando para que si puedan sufragar en las elecciones presidenciales del 2028.

El año pasado, el senador Derlis Maidana (ANR-HC) presentó un proyecto de ley que buscaba destrabar los obstáculos que impiden ejercer el voto a los presos, sin embargo, la iniciativa está “dormida” en el Senado.

Se pidieron informes al Ministerio del Interior, TSJE, Defensa Pública, Mecanismo de Prevención contra la Tortura y al Ministerio de Justicia. Si bien, todas las instituciones afirmaron que los presos sin condena tienen derecho al voto, existes inconvenientes técnicos que deben ser subsanados.

Uno de los principales obstáculos para que los presos puedan votar en las elecciones municipales se debe a que se eligen autoridades locales y muchos de los privados de su libertad están en penitenciarias fuera de su área de residencia.

Esto dice el dictamen de la Justicia Electoral al senador Maidana.

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“Cada ciudadano debe votar y, por ende, elegir a las autoridades que corresponden al lugar de su residencia, por lo que habilitar a las PPL para elegir a las autoridades regionales del lugar donde se encuentra asentada la penitenciaría no corresponde”, indica el dictamen.

Según el TSJE solo pueden votar en las presidenciales porque, si se habilita el voto en las regionales, podría cambiar el curso de la “historia”.

“Votar en las municipales no corresponde, menos aún cuando la penitenciaría se encuentra en un distrito pequeño pues, de ser el caso, el voto de una gran cantidad de electores que nada tienen que ver con ese departamento o distrito tendrá una enorme influencia en dicha elección”, dice otra parte del dictamen.

En el país hay unas 12 mil personas privadas de libertad, de las cuales aproximadamente el 96% son varones y el 4% son mujeres, recluidas en los 20 establecimientos penitenciarios de la República.