Chats filtrados vinculan a la concejala de Lambaré Carolina González (ANR-HC), esposa del exdiputado Orlando Arévalo, con un supuesto esquema de filtración de respuestas de los exámenes de formación docente, que fueron -justamente- suspendidos por sospecha de fraude.

La senadora Blanca Ovelar (ANR-Independiente) subrayó que “duele mucho ver la normalización de la inconducta y la inmoralidad” que parte desde las propias autoridades que deben velar por la formación íntegra de los educadores, considerando que González es propietaria de varios institutos y, a su vez, es la titular de la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay (Asifodopa).

“¿Con qué idea entran los postulantes al magisterio? ¿A estos estudiantes que después van a ser maestros, a quienes les damos esta experiencia en su ingreso, vamos a permitirle que formen la conciencia de los paraguayos? Realmente es demasiado grave”, cuestionó.

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Intervención urgente de Fiscalía

Resaltó que la Fiscalía debe tomar intervención de oficio urgente para que el caso no quede en anécdota.

“Hay que sacudirse, estamos tocando fondo, no puede ser. Es realmente indignante y afecta profundamente a un sector clave para nuestro destino: la educación, ¿en manos de quién vamos a poner? Estamos tirando un montón de barro por el gremio, en el que hay tanta gente honorable y luchadora, ¿pero queremos que ingrese gente que para ingresar ya comete fraude?”, expresó.

Conseguir mayor cantidad de alumnos

A su parecer, la intención de la concejala lambareña no sería recibir dinero a cambio de las respuestas, sino lograr que su instituto obtenga eventualmente mayor cantidad de alumnos.

“No sé si dinero a cambio o el afán de tener a todos los que se puedan para seguir lucrando con la educación. Hay muchísima cultura del engaño instalada en la educación superior y hace mucho venimos denunciando”, subrayó.

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En ese sentido, adelantó que acompañará en su rol la iniciativa legislativa que proponen las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a través de la cual se les otorgará herramientas jurídicas para aplicar sanciones y castigos ante este tipo de casos.