Con la excusa de una nueva “adenda” para obras futuras, el consorcio Rutas del Este —ya beneficiado con millonarios pagos extras en la Ruta PY02— manejará la operación el peaje Luque - San Bernardino hasta el año 2047. El estreno del nuevo mando ya generó caos y el rechazo de usuarios por la eliminación del pago con QR y la habilitación de pocas casetas.

Desde el primer minuto de este 2026, el trayecto conocido como la “Ecovía”, que une Luque con San Bernardino, dejó de ser administrado directamente por el Estado para pasar a manos del Consorcio Rutas del Este, conformado por la española Sacyr y la firma Ocho A, representado por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill.

La transferencia, confirmada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una serie de concesiones y beneficios que la cartera estatal viene otorgando a la empresa vinculada a la familia del parlamentario colorado.

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Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, señaló que se trata de una “operación transitoria” enmarcada en la Adenda 7 del contrato de Alianza Público-Privada (APP). Indicó que la empresa se encargará de mantener 67,73 kilómetros de vías, incluyendo el cuestionado viaducto de Luque, a cambio de la explotación de los peajes. Esta operación asegura el flujo de caja para el consorcio hasta el año 2047.

“Adendas” a medida

El uso de las adendas se ha convertido en la herramienta predilecta del MOPC para inflar contratos y beneficiar a firmas “amigas”. Cabe recordar que, ya en 2023, este diario denunció que la cartera autorizó pagos extras por US$ 50 millones a Rutas del Este en el marco de la duplicación de la Ruta PY02. En aquel entonces, el consorcio incluso dejó de realizar obras previstas originalmente con la venia de las autoridades.

Calmejane admitió que con lo recaudado en el peaje de la Ecovía y el 30% de los ingresos del peaje de Ypacaraí, se costearán las nuevas obras de la “Red Vial Estructurante de Accesos”. En la práctica, el Estado cede la administración de recursos para financiar obras que el consorcio debe ejecutar.

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Estreno con retroceso

La gestión de Rutas del Este en la Ecovía no pudo haber comenzado de peor manera para el ciudadano. Bajo el argumento de que el sistema de código QR “demora más” que el efectivo, la empresa suspendió esta modalidad de pago. Mientras el mundo avanza hacia la digitalización, la concesionaria obliga a los usuarios a volver al billete físico o a las tarjetas de crédito y débito, provocando largas filas y malestar en una zona de altísimo flujo veraniego.

“Por el momento el QR no está habilitado porque beneficia a un usuario pero demora al resto”, afirmó Calmejane.

Falta de respuestas

El historial de Rutas del Este está plagado de sombras. Mientras el MOPC sigue aprobando millonarias adendas, la ministra Claudia Centurión viene evadiendo sistemáticamente responder qué bancos financiarán la nueva autopista elevada de Luque o bajo qué criterios se adjudicaron estas obras adicionales sin un proceso de licitación pública abierta y transparente.

La Ley Nº 5102 de APP, que fue derogada por la Ley N° 7452/2025 pero cuyos contratos siguen vigentes bajo su manto de flexibilidad, parece ser el “cheque en blanco” para que el consorcio de los Pettengill extienda sus dominios.

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El contrato estipula 30 años de concesión. Para cuando el Estado recupere el control de la Ecovía, habrán pasado décadas de recaudación cautiva en manos privadas. Mientras tanto, el MOPC y el Ministerio de Economía y Finanzas se limitan a actuar como gestores administrativos de un fideicomiso en la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) que, según Calmejane, solo pagará cuando las obras estén terminadas, en un plazo de 30 meses. “El peaje de la Ecovía pasa a cargo de la empresa Rutas del Este, solamente la operación, porque lo recaudado en el puesto de peaje es íntegramente depositado en un fideicomiso a nombre de la AFD”, dijo.

Mientras tanto, ciudadanos molestos por los cambios y la larga espera en el peaje Ecovía, expresaron malestar por lo que consideran una estafa, al pagar por obras que aún no existen.