En comunicación con ABC, el canciller nacional Ramírez Lezcano se mostró muy cercano a la postura oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América, primero aceptando que no habrá un cambio de régimen inmediato, y luego justificando la extracción en un operativo militar del dictador Nicolás Maduro, lo cual no considera un atropello por tratarse de un “usurpador del poder” y considerado –también por Paraguay– como líder de la organización narcoterrorista El cártel de los Soles.

“Lo que nosotros estamos observando es que es fundamental en este momento tener una contraparte de negociación para la restauración plena de la democracia en Venezuela. La interlocución de Delcy Rodríguez como vicepresidenta puede ser una opción válida por los vínculos que tiene con las fuerzas militares y la fuerza de seguridad de su país” y con el pleno funcionamiento del sistema venezolano en este “proceso de transición”.

Insistió en que para el Gobierno paraguayo, el presidente legítimo es Edmundo González Urrutia, que “tiene el derecho de asumir. Sin embargo, la mayor parte de la estructura de la oposición está fuera del país” y se necesita a quienes garanticen este proceso de transición.

En tal sentido, reconoció que ese rol de vuelta recaerá en los mismos miembros del régimen chavista, pero es para evitar consecuencias peores.

“Hoy continúa un régimen, no es democrático, pero hay que asegurar que no haya más costos de vida ni derramamiento de sangre en ese país. Esa es nuestra posición”, apuntó.

“Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que es este proceso, desde el punto de vista en que reafirmamos los principios y valores que sustentan las relaciones internacionales. En ese contexto, Nicolás Maduro no es un jefe de Estado, es un usurpador del poder ilegítimo en la conducción del régimen, del cual el día de ayer (sábado) fue extraído por el Gobierno de los Estados Unidos”, dijo el titular de la Cancillería.

El mismo citó que existe jurisprudencia sobre operaciones similares, como el caso del expresidente de Irak Saddam Hussein y el exdictador panameño Manuel Noriega, a quienes Estados Unidos extrajo del poder por la fuerza.

En este caso, insistió en que “Nicolás Maduro es para nosotros una persona activa en el terrorismo” y que posiblemente luego también tendrá que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional y la justicia de su país una vez que se reinstaure la democracia, pero se mostró esquivo sobre la cuestión del Derecho Internacional respecto al operativo.

Se limitó a decir que para el Gobierno, la prioridad es “resolver rápidamente esta situación”, sobre todo la de los desplazados y presos políticos en Venezuela, así como del vacío de poder tras la salida forzada de Maduro.

Tras mucha insistencia, ante la posibilidad de que una intervención similar pueda realizarse en Paraguay o cualquier otro país al admitir una Jurisdicción Penal Global de los EE.UU., dijo que es algo que “siguen debatiendo”.

“Son todos temas que se tratan en un diálogo bilateral con Estados Unidos y en el análisis legal con nuestra propia región”, pero para “nosotros los más importante es el Estado de derecho, el derecho internacional que rige la relación entre los países”.

“Nosotros aseguramos a la ciudadanía: siempre vamos a defender a la República del Paraguay, a su derecho y a los elementos que hacen a la plena vigencia del sistema multilateral para la solución de diferencias”, alegó.

Sostuvo que nuestro país mantiene el multilateralismo como política exterior, y que si bien no está conforme con el manejo de varios bloques regionales, la idea es hacer reformas desde dentro.

También señaló que la política exterior de Santiago Pena no es de izquierda ni de derecha, sino “mirar para adelante” y “buscando el desarrollo del país”.

El canciller Rubén Ramírez Lezcano también intentó justificar que en un inicio, el gobierno de Santiago Peña dispuso el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen entonces encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela.

El diplomático dijo que supuestamente no hubo cambio de posición en ningún momento por parte del Gobierno nacional, ya que se habían puesto condiciones al régimen, todas ellas buscando elecciones transparentes, pero al no ser cumplidas y al reconocer la victoria de Edmundo González Urritia, se concretó el rompimiento de relaciones otra vez.