La sentencia de 19 años de cárcel para Walter Galindo, líder de la estructura anulada en el caso Mercat, fue dictada por unanimidad por los jueces Pablino Barreto (presidente), Ana Rodríguez y Juan Dávalos, integrantes del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.

Junto a Galindo también fue condenada su pareja Luz Antonella Guerrero Quintana, a 13 años de cárcel como coautora de los hechos punibles de comercialización de sustancias estupefacientes y por soborno agravado, en la modalidad de ofrecimiento.

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La nómina prosigue con Nayeli María Auxiliadora Ortiz Domínguez, hermana de Galindo, condenada 3 años de cárcel; Fernando Rafael Silva Riveros, alias “Colo”, sentenciado a 12 años de prisión, Cristhian David Galeano Lugo, alias “Caco”, quien recibió una pena privativa de libertad de 11 años, Gerardo Vidal Vallejos Soler, condenado a 12 años y Fernando Adrián Ocampos Benítez, condenado a 10 años de cárcel.

A 5 años de pena privativa de libertad fueron sentenciados Lucas Ezequiel Rodríguez Figueredo, Héctor David Rivas Cáceres, Marcos Ocampos Benítez, Marcos David Ortellado, Fares Dan Ortiz Deleón y Pedro Godoy Rivas; y a 4 años de prisión los acusados Alberto Fernando Emanuel Paniagua Mustto, alias “Pobre”; y César Godoy Giménez.

Por otro lado el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado ordenó el comiso de un dúplex ubicado en Villa Elisa, así como los automóviles, motocicletas, un yate y una moto acuática que fueron incautados a los ahora condenados.

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Galindo lideraba una narco empresa

En el juicio oral la fiscal María Irene Álvarez logró probar que Walter Galindo comercializaba drogas hace ocho años, hecho que fue descubierto mediante las escuchas realizadas en el marco de la Operación Mercat, que inició en diciembre de 2020 y finalizó con los allanamientos ejecutados en marzo del año 2022.

Luego de conocer la sentencia la agente de la Unidad de Lucha contra del Narcotráfico y Crimen Organizado destacó que Gerardo Vallejos, Fernando Silva Rivero, Cristian Galeano Lugo y Fernando Ocampo formaban del primer anillo de Galindo.

Estos tenían sus propios clientes y reportaban esas ganancias; por su parte Luz Guerrero tomó la posta de esa comercialización cuando él (Galindo) fue detenido y llevado a prisión, de acuerdo con lo probado en juicio por el Ministerio Público, mediante los audios de las llamadas interceptadas.

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Consultada sobre la condena de Galindo, para quien había solicitado una pena de 21 años de cárcel, la fiscal María Irene Álvarez dijo estar conforme con la resolución del Tribunal de Sentencia, tanto en el caso del líder del esquema criminal como las penas dictadas a los demás acusados. No obstante, anunció que analizará detalladamente los argumentos del colegiado.

Soborno de Galindo a “jugadoras de Villa Elisa y Lambaré”

Además la Fiscalía pudo probar que Walter Galindo y su pareja, Luz Antonella Guerrero, ofrecieron dinero a las autoridades judiciales y fiscales para la obtención o recuperación de su teléfono celular, que era donde él tenía la clientela, según lo señalado por el ahora condenado.

Galindo también pagó a las autoridades “para la obtención finalmente de esa medida menos gravosa que hace al arresto domiciliario, el cambio de ‘pelota peruana por la de fabricación nacional’ y para la obtención del sobreseimiento definitivo, porque él lo señala muy alegremente en un audio o en varios, del 17 de diciembre del 2021, cuando él sale del juzgado de Lambaré con su definitivo”, según lo probado en juicio.

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En cuanto a las presuntas involucradas en brindar los beneficios a Galindo, la fiscal María Irene Álvarez señaló que “esto es de público conocimiento ya de tiempo atrás, que se tratarían de la fiscal de Villa Elisa (Egidia Gómez) y de la jueza de Lambaré (Isabel Bracho). Pero sí, se mencionó explícitamente no jugadora uno, jugadora dos, sino fiscal de Villa Elisa y jueza de Lambaré”.

Tanto la fiscal Egidia Gómez, hermana del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes; están procesadas por supuestamente favorecer irregularmente a Galindo, ya que según la imputación presentada por el fiscal Néstor Coronel, la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al presunto narcotraficante.