Los gremios de choferes declararon la medida de fuerza en rechazo a tres artículos: 20, 39 y 45 del proyecto de ley, que —según los trabajadores— vulneran el derecho a huelga, ponen en riesgo su estabilidad laboral e incluso plantean incertidumbre sobre quién será su empleador bajo el nuevo esquema de concesiones.

Uno de los puntos más sensibles es el artículo 20, referido al transporte metropolitano como servicio público imprescindible. La versión original del Senado exigía mantener el servicio durante huelgas con un mínimo del 70% en horario pico y 60% en horario normal.

También cuestionan el artículo 39, que en la versión del Senado exigía que los nuevos concesionarios incorporen únicamente a los choferes con al menos dos años de antigüedad, permitiendo evaluaciones de idoneidad.

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Diputados modificó esto y obliga a incorporar a todos los trabajadores del operador saliente, aunque los choferes reclaman que igual se mantenga el criterio de antigüedad mínima.

El tercer artículo rechazado es el 45, cuyo contenido no fue detallado durante la reunión, pero forma parte del paquete que los trabajadores exigen eliminar. Los sindicatos consideran que la redacción fragmenta responsabilidades y abre dudas sobre quién será el empleador directo de los trabajadores.

El Ejecutivo apoya tota la versión de Diputados

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, señaló tras la reunión con la comisión de Hacienda del Senado que el Ejecutivo respalda la versión remitida por Diputados.

“Estamos de acuerdo con la versión que presentó la Cámara de Diputados para que esto pueda ser tratado y aprobado. Ya estamos en una instancia en la que se debe aceptar la versión de Diputados o la del Senado, sin nuevos ajustes”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de desactivar la huelga, la ministra indicó que continúan las negociaciones: “Queremos una modernización que los incluya, con mejores condiciones laborales. El diálogo es el camino”.

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Centurión adelantó que, si la ley es aprobada, en 2025 iniciará la fase de transición, con continuidad de los servicios actuales y el lanzamiento de licitaciones para nuevos itinerarios y renovación de flota.

Viceministro: “El foco debe ser el bienestar del ciudadano”

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, cuyo destitución es exigida por los gremios, también defendió la versión de Diputados y recalcó la necesidad de diálogo: “Más allá de posiciones personales, lo que importa es el interés del ciudadano. Vamos a volver a llamar a los choferes al diálogo”.

Consultado sobre la imposibilidad de modificar los artículos cuestionados, recordó que la etapa actual del proceso legislativo no permite introducir cambios: solo aceptar la versión de la Cámara Diputados o ratificar la del Senado.

El viceministro también respondió a reclamos empresariales sobre demoras en el pago de subsidios. Señaló que los pagos siguen el procedimiento establecido en el decreto 710: “Estamos retrasados unos seis días con octubre, pero trabajando para pagar también noviembre. Eso depende de la gestión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Los registros administrativos revelaron que, en lo que va del año, se desembolsaron alrededor de USD 35 millones, de un total anual cercano a USD 50 millones.

Senado: dos dictámenes y una votación decisiva

El senador Silvio “Beto” Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda, confirmó que existen dos dictámenes de la Comisión de Hacienda: Aprobar la versión del Senado (minoría) y aceptar la versión de Diputados (mayoría). “Aquí estamos obligados a aceptar la versión de Diputados o la del Senado. No se pueden hacer parches en esta instancia”, explicó.

Ovelar expresó además su deseo de que la eventual aprobación contribuya a desactivar la huelga anunciada.

La directora de la Comisión de Legislación del Senado, Patricia Vega, en tanto informó que las comisiones conjuntas de Legislación e Industria recomiendan aceptar casi todas las modificaciones introducidas por Diputados.

La única excepción es el artículo 108, sobre el plazo de prescripción de la acción ejecutiva por títulos de deuda:

Senado: 6 años

Diputados: 2 años

Ambas comisiones aconsejan mantener los 6 años, por considerarlo más adecuado. La sesión ordinaria del Senado deberá escoger entre dos caminos: Aceptar la versión de Diputados, respaldada por el Ejecutivo, pese a que es considerada más favorable por los gremios, aunque siguen oponiéndose a tres artículos o ratificarse en la versión de Senadores, relacionado a los criterios distintos sobre servicios mínimos y antigüedad laboral.

Si el Senado acepta la versión de Diputados, el proyecto será sancionado, pero si el Senado se ratifica en su artículo 108, el texto pasará nuevamente a la Cámara de Diputados para su discusión, en última vuelta.