El contralor Camilo Benítez Aldana concurrió esta mañana al Congreso para presentar el informe y dictamen anual de la Contraloría sobre el ejercicio fiscal 2025 que obliga la Constitución Nacional, y donde se le consultó sobre sus aspiraciones de cargo, atendiendo a que es casi un hecho que será reelecto al frente de la Contraloría para el período desde noviembre de 2026 a 2031, pero teniendo en cuenta que miraría de reojo a la Corte Suprema de Justicia.

“Muchas cosas se dicen, pero nadie tiene la sabiduría de adivinar el futuro”, comenzó diciendo evasivamente al ser consultado sobre sus aspiraciones a ministro de Corte, acotando que de no ser reelecto como Contralor, tiene “muchas ofertas en el sector privado que son muy interesantes”

“La verdad es que si aquí termina mi mandato, yo creo que voy a dedicarme a la profesión (de abogado)”, sostuvo Benítez que no obstante, no es un secreto que tiene la bendición del cartismo, y gracias a ello ya fue incluido en la terna junto a los liberales Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz, cuyas candidaturas serían testimoniales.

Pese a su intento inicial de evadir la consulta, Benítez Aldana fue insistido sobre asumir un cargo de ministro de la Corte, ante lo cual terminó admitiendo que es una “aspiración profesional” que tiene.

“No sé si aceptaría, pero yo a mis treinta años hice mi doctorado (requisito para ser ministro de Corte). Yo soy un académico, ese es mi perfil. Obviamente, es como que le pregunten acá al presidente del Congreso si quiere ser presidente de la República, difícilmente diga: ‘no, la verdad es que yo, como político no aspiro a eso’. Yo como jurista, obviamente aspiro a ascender profesionalmente, sería una suerte de aspiración profesional, pero no sé. Hay que ver”, sostuvo.

Por ahora no hay vacancia en la CSJ

Sacó a relucir que más que falta de ganas, su pretensión dependerá de si sigue manteniendo respaldo político, ya que “uno, para mantenerse en este cargo o para proseguir en la vida, tiene que mantener su propio prestigio”.

Una vacancia para el cargo de Ministro de Corte por la vía de llegar a la edad de 75 años no existe a corto plazo, ya que el caso más cercano es el del ministro César Garay Z., que cumple esa edad el 4 de enero de 2030.

El siguiente más próximo es el ministro César Diesel Junghanns, quien cumple 75 años el 11 de junio de 2031.

Estas serían las vacancias más cercanas, salvo que, con su actual mayoría el cartismo impulse un juicio político contra alguno de los ministros y lo destituyan.

Vuelve a defender “ayudita” a Peña

Uno de los hechos que opositores en el Senado señalaron como determinantes no solo para el eventual rekutú del Contralor Camilo Benítez, sino también para que el colorado y actual director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, sea inminente reemplazo del actual subcontralor Augusto Paiva (PLRA), fue el “examen de correspondencia” favorable a Santiago Peña sobre su repentina fortuna.

El mismo volvió a justificarse diciendo que legalmente no tenían potestad de investigar el período en el que Peña dejó la función pública (2017-2023) que es cuando amasó repentinamente su fortuna, para no referirse a otros graves cuestionamientos en su “examen de correspondencia”.

“Todo el cuestionamiento que hacen es por qué la Contraloría no lo investigó cuando él no era funcionario público. Y yo les digo, ¿puede el contralor investigar a una persona que no es funcionaria pública o sobre un período donde él no era funcionario público? Yo personalmente creo que no. Sería muy cuestionable", alegó el contralor.

El mismo incluso citó el caso del extitular de Petropar, Eddie Jara, a quien sí denunciaron la falta de correspondencia de sus bienes y a quién precisamente sí indagaron en su etapa cuando estuvo fuera de la función pública.

Sin embargo, en el caso de Peña insistió: “Imagínense que nosotros le investiguemos a un empresario del sector privado. Eso sería una violación al estado de derecho, una arbitrariedad, un abuso del poder. Entonces, yo creo que nadie cuestiona. Acá el cuestionamiento es que él dejó de ser funcionario público y ahí amasó una fortuna. Y por qué no se le investiga en ese período, pero en ese período él no era funcionario público”.

Camilo Benítez pretendió ceñir el cuestionamiento al examen de correspondencia a solo ese aspecto; sin embargo, hicieron también la vista gorda a otras varias cuestiones, como el hecho de que consideren ‘regular’ que el mandatario haya construido una mansión en San Bernardino, declarada en US$ 900.000, supuestamente financiada con un “préstamo” del “banco amigo” de este gobierno, el cual supuestamente le concedieron pese a que ni siquiera tenía el título de propiedad del terreno donde se levantó la mansión.

También llamativamente, tanto el banco Ueno que le dio el préstamo, que forma parte del Grupo Vázquez, que eran sus socios comerciales en Ueno Holding, como la constructora que levantó la mansión, la Constructora Gómez Abente S.A., representada por Santiago Pedro Gómez Zelada, suegro del hermano del presidente, Manuel Peña Palacios, ahora son contratistas mimados de este gobierno.

El Contralor también omitió mencionar el hecho de que Peña modificó sus DD.JJ. recién tras ser pillado por la prensa.