El contralor general de la República, Camilo Benítez, entregó a la presidencia del Congreso Nacional el Informe y Dictamen sobre el Informe Financiero del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Durante la presentación, la máxima autoridad del órgano de control expuso un sombrío panorama sobre la administración pública paraguaya, ubicando al Instituto de Previsión Social (IPS) como el epicentro del descalce, la mala praxis y el desorden administrativo estatal, representando por sí solo el 40 % del total de todo el universo auditado.

“Es por lejos la institución más desordenada, diría yo, del Estado paraguayo, lastimosamente, porque afecta en la sensibilidad máxima de los ciudadanos”, reveló el contralor Benítez.

A pesar del volumen de fiscalizaciones realizadas en el período (más de 2.000 actividades de control y 40 auditorías), el titular de la CGR admitió un profundo pesar institucional ante la falta de avances y la inacción respecto a las sanciones contra los responsables. “Como paraguayos no podemos dejar de sentirnos tristes por encontrar este desorden administrativo”.

IPS sin medicamentos: Asegurados gastan millones y venden hasta sus casas

Los hallazgos más graves expuestos por la Contraloría sobre el IPSDesajuste de medicamentos y pérdidas millonarias: tras exigir una sincronización entre el Sistema de Información Hospitalaria y el software alemán SAP, el IPS debió aplicar un ajuste contable en el cual los bienes de consumo e insumos médicos disminuyeron un 45 %, lo que representa una brecha no aclarada de más de G. 625.000 millones. “¿Qué significa eso? O que se registró mal, o en el peor de los casos que desaparecieron los medicamentos”, advirtió Benítez.Pagos a jubilados fallecidos: a pesar de haber sido alertados en reiterados ejercicios anteriores, las autoridades del IPS abonaron más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados ya fallecidos por no realizar un simple cruzamiento de datos digitalizados con el Registro Civil.Uso del “mecanismo” de gastos judiciales: la CGR detectó que la previsional eludió de forma sistemática los procesos de licitación pública y controles previos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Para abastecerse con contratos vencidos, firmó acuerdos privados y los homologó judicialmente para abonar mediante el Rubro 915 (gastos judiciales) más de US$ 25 millones (alrededor de G. 104.000 millones).Deuda flotante y caos financiero: la institución arrastra una deuda flotante superior a G. 1 billón, lo que le impide comprar insumos con recursos del año en curso. A esto se suma que el Estado y empresas privadas adeudan más de G. 10.000 millones a la previsional (gran parte ya prescripta por negligencia de los funcionarios), una rentabilidad inferior al 1 % en el arrendamiento de sus inmuebles y la proyección de que sus reservas financieras se agotarán para el año 2036.

Contraloría: ¿cuánto pagó el IPS a jubilados fallecidos en dos años?

“Festín” con la figura de gastos judiciales

El hallazgo revelado por la CGR sobre el uso del Rubro 915 para sortear los procesos licitatorios ordinarios confirma el esquema o festín de pagos a proveedores que ABC ya había publicado en marzo de 2026. En aquel momento, la investigación periodística sacó a la luz cómo la previsional utilizaba de forma recurrente las homologaciones de acuerdos transaccionales en el ámbito judicial como una “vía rápida” para saldar compromisos vencidos con empresas proveedoras.

Con este ardid, el IPS lograba esquivar las verificaciones de precios, la transparencia y la libre competencia exigidas por la Ley de Contrataciones Públicas, práctica que hoy la Contraloría confirma como una mala praxis institucionalizada.

Por último, el contralor aclaró que todo el paquete de informes pasó a manos de la Dirección de Auditoría Forense y la Asesoría Jurídica de la CGR para determinar cuáles de estas inconsistencias constituyen hechos punibles que deban ser remitidos de forma inmediata al Ministerio Público para abrir causas penales.

“Esta distorsión de los estados financieros y esta mala praxis que tiene el IPS hace que se pierda muchísimo dinero y, por ende, que recaiga sobre la parte más vulnerable de nuestra sociedad”, concluyó Benítez.

El Consejo del IPS no sirve para nada