Mariano Bareiro y Miguel Amarilla, miembros de la Contraloría Ciudadana de Luque, presentaron en mesa de entrada de la Cámara de Diputados el anteproyecto de ley que establece la obligatoriedad de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Esta iniciativa obedece a que el grupo de luqueños tuvieron que recurrir a la Justicia para acceder a documentos públicos, pues el intendente Carlos Echeverría se negaba hacer una audiencia pública y transparentar su gestión por dos años.

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La Contraloría Luqueña indica que el anteproyecto de ley es una contribución de la sociedad civil, para mejorar la defectuosa Ley N° 5.590/16 “Orgánica Municipal” que si bien establece que los intendentes deban rendir cuentas en audiencias públicas, no se establece sanciones por lo cual muchos jefes comunales no la hacen.

Agregan en su argumentación del proyecto, que también los concejales municipales antes que ser contralores, debido a su afinidad partidaria con los intendentes aprueban las rendiciones de cuentas, sin una verificación exhaustiva y con eso ya “cumplen la ley” pero no existe una revisión real de la gestión.

La obligatoriedad de la rendición de cuentas de ambos gobiernos, tanto de la Intendencia como de la Junta Municipal.

La fecha de rendición de cuentas a la ciudadanía fija entre el 15 de abril al 30 de abril de cada año.

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La sanción en caso de incumplimiento que sería cinco salarios mínimos (G.13.991.545 al salario actual), y gasto de representación, conforme al presupuesto de cada municipio, que será abonado de su patrimonio personal y si el incumplimiento se da en el segundo año, además de la multa mencionada, seria la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años.

Asimismo, se exigirá por ley que se publiquen las ordenanzas, y resoluciones en el sitio web municipal o redes sociales, así como el monto total de las transferencias que recibieron de recursos del Tesoro Nacional para que la ciudadanía tenga acceso a la información.

Con estas modificaciones propuestas, sería la primera vez se establece un órgano de control en la aplicación y sobre todo las sanciones a las autoridades municipales infractoras.