El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, confirmó hoy, en sesión de la Junta Municipal que ya recibió el reclamo de pago por parte de representantes legales de tenedores de bonos emitidos por la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Explicó que la actual situación de esa deuda, con tres cuotas de intereses vencidas por un total de más de G. 50.000 millones, expone a la comuna a una eventual demanda internacional.

El interventor señaló que, hasta donde tiene conocimiento, la posibilidad de judicializar la deuda está contemplada en los contratos. “A mí ya me hicieron llegar (que existía esa posibilidad), ya vinieron algunos abogados representantes seguramente de esa gente, exigiendo, obviamente, la puesta al día de los bonos ya vencidos y no pagados”.

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Pereira agregó que “fueron bastante estrictos en que ellos querían, sí o sí, cobrar. Entonces yo les respondí que nosotros no podemos hacer compromisos sin observar día a día los niveles de recaudación que tenemos”. En ese sentido, indicó que la comuna cobra un promedio de G. 2.000 millones diarios y que actualmente trabajan en una renegociación de las obligaciones con los bancos, con quienes Rodríguez también dejó una deuda impaga de G. 55.000 por préstamos a corto plazo.

El interventor respondió además al comunicado emitido el lunes por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), en el que este último se “lavaba las manos” con respecto a la actual situación financiera de la comuna hablando de las proyecciones de su gestión. “Una proyección puede tener un criterio optimista (...) pero no se compadecen con nuestra realidad. Hoy tenemos ingresos reales, no tenemos ingresos proyectados”, reclamó.

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Al equipo interventor, que asumió el 24 de junio, Rodríguez dejó una Municipalidad en “terapia intensiva”, según declaraciones del interventor. Pereira había dicho que encontró varias obligaciones incumplidas, entre ellas, G. 18.000 millones que debe la comuna a la Caja Municipal, G. 10.000 millones a la asociación de funcionarios, además de deudas con proveedores de obras e insumos.

Buscan “oxígeno” para negociar

Esta mañana, el interventor señaló que, en las actuales condiciones financieras de la Municipalidad, buscan primeramente una negociación con los bancos de los que la administración de Rodríguez había adquirido tres préstamos de déficit temporal de caja. Resaltó que buscan diferir el saldo pendiente, dado que la mora pone a la comuna en una situación incómoda para salir a buscar mejores posicionamientos.

 " (La idea es) poder tener una flexibilidad aceptada de parte de ellos en donde se podría poder pensar en una actualización de los intereses vencidos, de manera de que ninguna obligación vencida afecte hoy la imagen y la reputación municipal. Porque cuando uno está en esa categoría de moroso pierde absolutamente toda fuerza en la negociación en materia financiera", agregó.

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El interventor precisó que buscará “cambiar las condiciones iniciales de una operación, tasa, plazo, monto, garantía”, para así “tener un poco más de musculatura financiera, de poder decir, bueno, esto es lo que el municipio puede hacer, puede pagar, pero necesitamos también que las tasas nos bajen de ser posible”, remarcó.

Pereira recibió de Rodríguez una administración con una deuda financiera que solo en bonos emitidos para obras alcanza los US$ 230 millones, pagaderos hasta 2035, por lo que incluso alcanzaría a dos administraciones municipales más. En las cuentas bancarias destinadas el dinero obtenido de esos mismos bonos ya solo quedaban, al 31 de mayo, US$ 127.000. Solo de los bonos G8, de las 8 obras prometidas, apenas inició 4 y, antes de ser apartado, había pedido excluir las restantes. Una de las 4 iniciadas está parada por falta de pagos y la empresa podría judicializar el cobro.

Sistema favorece lo irregular, según interventor

El interventor respondió a consultas de concejales que trasladaron denuncias con respecto a irregularidades en el sistema informático de la comuna, por las que, algunos pagos de tributos no quedan registrados. Pereira dijo que esto se debe a que no existe control interno ni integración entre los sistemas de Recaudaciones y de Contabilidad.

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Explicó que esto hace que los pagos que son recibidos en Recaudaciones sean posteriormente cargados manualmente y en forma global en el sistema contable. “Lo peor de todo es que eso va en una sola bolsa en la que no está individualizada la partida que corresponde a un contribuyente”, dijo.

“Cuando el control está ausente, siempre el que tiene en la mente alguna trampa para querer burlar alguna normativa, ese es el ambiente propicio para que la vulnerabilidad nazca en una administración, por el volumen y las cifras que se manejan”, dijo. Aclaró que una auditoría informática podría contribuir a solucionar esto, pero que requerirá además esa integración de los sistemas municipales.

Había 3 “balances” y no sabe si se corrigió

Pereira dijo además que en su investigación encontró que ya en el año 2017, la Contraloría General de la República (CGR) había advertido a la Municipalidad que existían no solo uno sino tres balances.

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Pereira dijo que esos “balances” arrojaban activos y pasivos diferentes, por lo que ya entonces la CGR había hecho recomendaciones para ajustar eso. Sin embargo, dijo que al menos hasta el momento, a casi un mes de iniciada la intervención no tuvo acceso a documentación que le demuestre que se tomaron esas recomendaciones.

“A mí me interesa saber si eso realmente se ha ajustado y si hoy los estados financieros son uno solo o cómo están distribuidos. Por eso insisto en que la contabilidad tiene que ser integrada a todas las operaciones que se hace. No se puede concebir que yo tenga como es acá, que un área te dice ‘mi mis cuentas están conciliadas”. Vos te va a la contabilidad y el contador no está enterado ni de lo que se hace" reclamó.

La intervención

El pasado 24 de junio, Carlos Pereira asumió como interventor de la Municipalidad de Asunción, apartando temporalmente del cargo al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). La intervención, aprobada por la Cámara de Diputados, había sido solicitada por la Contraloría General de la República (CGR).

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El órgano contralor había basado su pedido en su informe de auditoría emitido en julio de 2024 en la que, entre otras cosas, confirmaba el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras emitidos bajo la administración de Rodríguez. La maniobra había sido denunciada por ABC y la CGR derivó el caso a la Fiscalía, que mantiene una carpeta de investigación abierta.

Rodríguez además está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro”, por compras en pandemia, en la que la Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.

Recientemente, Pereira declaró que haber recibido activos disponibles por G. 46.320 millones, equivalente al 1% de todo el activo de la comuna - la mayoría inmovilizado- para hacer frente a pasivos por G. 2,3 billones.