El comunicado de Biggie se dirige a sus colaboradores, clientes y proveedores. Aseguran que durante más de 10 años ha sido un motor de desarrollo económico y social en Paraguay.

“Generamos más de 5.300 empleos directos, operamos más de 260 locales en todo el país, trabajamos con más de 500 proveedores entre ellos productores, agricultores, y micro emprendedores nacionales y nos eligen más de cuatro millones de clientes mensualmente, comercializando más de 450.000 productos por día”, señala.

Aseguran que cada uno de estos números representa familias, oportunidades y un compromiso inquebrantable con el país.

Por orden de Peña, cierran temporalmente todos los locales de Biggie

“Hoy nos enfrentamos a una decisión del Gobierno que, además de ser desproporcional, atenta contra las garantías jurídicas y los derechos constitucionales que protegen la libre competencia, la actividad empresarial y el trabajo digno. La orden de cerrar nuestros locales no solo carece de precedentes en situaciones similares o incluso más graves, sino que constituye un acto de abuso de poder que genera un daño irreparable a trabajadores, proveedores, clientes y a la economía nacional”, resalta.

Agrega que el Paraguay es un Estado de Derecho, y ello implica que las decisiones de la autoridad deben estar fundadas en la ley, ser proporcionales y respetar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución.

“Cerrar indiscriminadamente a una empresa, sin un debido proceso que garantice defensa y equilibrio, sienta un peligroso precedente para todo el sector privado. Rechazamos de forma categórica esta medida impuesta que no solo afecta a nuestra empresa, sino que también a miles de familias paraguayas que dependen directa o indirectamente de nuestra operación”, enfatiza.

Obligados a cerrar

“Nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas de manera temporal, pero volveremos, con la misma convicción de siempre, servir a nuestros clientes, sostener a nuestros trabajadores, fortalecer a nuestros proveedores y seguir apostando por el crecimiento económico y social del Paraguay. Exigimos el restablecimiento inmediato de nuestras operaciones y el respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que deben regir en todo Estado democrático.