A una semana de que la titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor, Sara Irún, anunció el martes pasado como medida y por orden del Presidente de la República, Santiago Peña, el cierre de las 263 tiendas de la cadena Biggie, en un acto sin precedentes y con el argumento de que en la inspección de dos locales encontraron productos vencidos, según documentos, siguen cerradas 35 tiendas en un proceso que el director de la cadena, Giuliano Caligaris, calificó de “lento y burocrático”.

“¿Por qué vemos que se lleve esto de una manera tan lenta o tan burocrática?, ya no nos deja de sorprender. De la muestra de dos tiendas, de cinco productos que generaron el cierre de una cadena de 263 puntos de venta, muestra claramente que es una acción dirigida a nuestra cadena”, sostuvo.

Si bien el impacto económico de la medida recién se conocerá una vez que vuelvan a operar con normalidad todas las tiendas, hasta el momento afectó a 5.300 trabajadores, más de 500 proveedores que son pequeños y medianos emprendedores, emprendedores artesanales, además de empresas distribuidoras de bebidas y otros insumos y miles de clientes.

Varios gremios empresariales e industriales, como la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) emitieron comunicados en los que expresaron su preocupación ante la decisión del gobierno, que en algunos casos tildaron hasta de “desproporcionada”.

Tras cerrar todos los Biggie, Sedeco dice que ahora no puede hacer nada contra “mafia de los pagarés”

Aguardan apertura de locales de Biggie

Incluso la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) advirtió que la medida impacta negativamente en el clima de negocios y en la economía nacional en su conjunto, además de la estabilidad y la previsibilidad, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, lo que ahuyentaría las inversiones extranjeras, algo que el gobierno de Peña afirma que busca constantemente con los ya varios viajes realizados por el mandatario.

Algunos de los gremios que se pronunciaron fueron la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara Paraguaya de Operadores Móviles del Paraguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, la Asociación de Bancos del Paraguay, la Cámara Paraguaya de Anunciantes del Paraguay, entre otros grandes gremios empresariales.

Caligaris dijo que para el día de hoy esperan que todas las tiendas puedan ser habilitadas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y vuelvan a operar normalmente. Además, comentó que se enteran de las habilitaciones a través de las publicaciones que realiza la institución en sus redes sociales, ya que la única reunión que mantuvieron con las autoridades fue para fijar los procedimientos o ser informados de cómo son los procedimientos de visitas.

“Realmente nosotros nos estamos enterando de las aperturas básicamente por las publicaciones que se están haciendo en redes sociales”, sostuvo.

Biggie exige la habilitación total de sus locales

Contradicciones del gobierno

Sara Irún, titular de Sedeco, fue la portavoz de la conferencia de prensa en la que anunció que por orden del Presidente de la República, Santiago Peña, decidieron cerrar los locales de Biggie el martes pasado.

En una entrevista con el programa Ancho Perfil, de ABC Cardinal, reconfirmó que la medida era la de cerrar los locales; sin embargo, en la misma semana se desdijo y argumentó que fue “un error” y una “malinterpretación” suya de la resolución de Dinavisa sobre la orden del cierre y que las tiendas solo debían retirar los productos denunciados. Pese a admitir el “error”, mantuvieron la medida de inhabilitación que la levantan tras una inspección de los fiscalizadores.

“Esperábamos que este proceso sea mucho más rápido, esperábamos que de la misma manera que tomaron una muestra de solo dos sucursales para cancelar una cadena de 263 supermercados, sea un procedimiento similar; sin embargo, vemos que la intención es llevar de esta manera o a este ritmo como se está llevando”, concluyó Caligaris en entrevista con ABC Color.

Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que integra a más de 1.300 periódicos de Latinoamérica, se pronunció sobre el caso, exigiendo que las autoridades actúen con transparencia para que las medidas estatales no se vean como represalias o neutralización de críticas periodísticas, considerando que la cadena Biggie está vinculada al grupo Zucolillo, integrado también por el diario ABC Color.

Esto considerando que el propio Santiago Peña, Presidente de la República, evidenció su molestia por las publicaciones de ABC, llegando lanzar amenazas como ¡cuidadito!, cuando se mostró la vida de lujos en su mansión construida en San Bernardino, a los pocos meses de su asunción.