Julio Vázquez, titular de Cámara de Astilleros Navales, Metalúrgicos y Afines (Canamea), contó a ABC que durante la gestión del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), se mantuvo un esquema de recaudación paralela de larga data en la Dirección de Catastro. Vázquez, quien fue recibido hoy por la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal, aseguró que su gremio es uno de los principales afectados, debido a la alta tasa de informalidad en el que trabajan varias empresas.

El titular del gremio señaló que durante la gestión de Rodríguez, como las anteriores, muchas empresas se mantuvieron funcionando con “documentos de dudosa procedencia”. Vásquez agregó que estos documentos, por los que los astilleros pagaban, ni siquiera llegaban a la Junta Municipal, encargada de la autorización del funcionamiento de estos establecimientos.

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Vázquez dijo que, “por desconocimiento, la gente conseguían algunos que otros documentos que no era de contenido o de uso legal, (sino) paralelos. Uno de repente conseguía por allá por alguna dirección se autoriza el uso y eso no es lo que correspondía”, enfatizó.

Vázquez aseguró además que, recién desde el año pasado, por presión de algunos concejales, empezaron a regularizarse algunas de estas empresas, al menos en el pago formal de sus obligaciones, aunque todavía quedan pendientes las autorizaciones de la Junta. “Hay documentos que están aquí en la intendencia, en algún departamento, en alguna dirección que no llegan a la Junta”, reclamó.

Director confirma mecanismos de corrupción

La denuncia del gremio de los astilleros fue confirmada por el director interino de Catastro, Osval Borba, quien confesó que se quedó “sin palabras” a su ingreso a la dependencia municipal. “Es como cuando tenés una chipa redonda y no sabe por dónde empezar a comer”, admitió.

Consultado sobre si el problema es solo de desorden o si hay corrupción, confirmó ambas. “Hay muchas situaciones irregulares. No hay necesidad de decir nada porque ya la ciudadanía conoce la situación”, dijo, al tiempo de advertir que el desorden no es casual, sino que solo es el ambiente propicio para la corrupción. “Se presta todo eso, porque al ser todavía formato papel y todas esas situaciones son más fáciles”, agregó.

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Borba señaló que en lo que resta del proceso de intervención, un mes, intentará dejar al menos los lineamientos para que la futura administración pueda ordenar la casa. En ese sentido, señaló que personalmente está recorriendo la Franja Costera, visitando los establecimientos de astilleros, areneros y amarraderos para regularizar la situación de estas empresas.

“Ya empezamos a darle una notificación dándole un plazo de 5 días para que se constituya a regularizar o de lo contrario nos veremos obligados a hacer una medida de urgencia y cerrar esos lugares hasta que se regularicen”.

Pagan como si fueran quioscos, denuncian

En la sesión de ayer miércoles en la Junta Municipal, con la presencia del interventor, Carlos Pereira, el concejal Miguel Sosa (ANR-cartista), denunció específicamente que solo 4 de los 64 astilleros instalados en la franja costera de Asunción, pagan un canon, que a su vez es insuficiente.

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“Pagan impuestos como si fueran quioscos, no como astilleros, amarraderos o areneros. Con qué criterios Recaudaciones lleva adelante la liquidación de estas empresas que están ganando muchísimo dinero. Los amarraderos cobran por hora y en dólares, los areneros y astilleros también”, remarcó y reclamó que se cobre retroactivamente por los 15 a 20 años que estas empresas vienen utilizando tierras que son propiedad de la Municipalidad de Asunción.

El interventor, por su parte, respondió que aguarda el informe del director de Catastro, fruto de las verificaciones in situ, para conocer los mecanismos de pago de estos tributos y las irregularidades denunciadas en el funcionamientos de estos establecimientos. Aseguró que su gestión sigue recibiendo denuncias en distintas dependencias que analizan elevar a otras instancias.

Asunción en “terapia intensiva”

Desde el inicio del proceso de intervención, el 24 de junio, Carlos Pereira y su equipo vienen denunciando que el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), entregó una Municipalidad en “terapia intensiva”. Solo en la situación financiera, Perera señaló que debe afrontar un pasivo de G. 2,3 billones con activos disponibles de apenas G. 46.320 millones, el 1% del activo total de la comuna, la mayoría activos fijos.

Solo en lo que respecta a los bonos, la comuna pagará hasta el 2035 - en dos periodos de gobierno municipal más-, una duda de US$ 230 millones. Mientras tanto, en las cuentas bancarias destinadas al dinero obtenido por esos mismos bonos ya solo quedan US$ 127.000. A esto se suma la mora en los pagos de tres cuotas de los bonos por G. 50.000 millones y de préstamos por déficit temporal de caja por G. 55.000 millones. En el caso de los bonos, ya hay amenaza de judicialización, confirmada por el interventor.

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Rodríguez también dejó una gran cantidad de obligaciones no financieras pendientes. Entre ellas las deudas a la Caja Municipal, por G. 18.000 millones o la deuda con la asociación de funcionarios, por otros G. 10.000 millones. También hay pagos pendientes a proveedores de obras, como el Consorcio Pluvial Abasto, encargada del desagüe pluvial de la cuenca del Abasto. La firma ya recurrió a la DNCP en un avenimiento, pero no hubo acuerdo con la comuna, por lo que también podría recurrir a la Justicia y paralizar la obra.

La Cámara de Diputados dio curso a la intervención solicitada por la Contraloría General de la República (CGR), que basó su pedido en un informe de auditoría de julio de 2024 que confirmaba el desvío de G. 500.000 millones en bonos, denunciado por ABC, durante la administración de Rodríguez. La CGR derivó el caso a la Fiscalía, que mantiene abierta una investigación. Rodríguez también está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, con un perjuicio estimado de G. 1.850 millones.