El gerente comercial de la ANDE, Hugo Rolón, explicó que la institución cerró 2025 con un índice de morosidad del 18,8%, tras haber llegado a un pico de 29% durante la pandemia, cuando la empresa estatal suspendió los cortes por falta de pago durante casi dos años por la ley de emergencia sanitaria.

La meta institucional, fijada junto al Ministerio de Economía y Finanzas, es cerrar 2026 con un índice del 14% y llegar a 11% en 2028, valor considerado el promedio de las distribuidoras eléctricas de la región.

Para lograrlo, la ANDE combinó dos herramientas: la promoción de refinanciación “Ñande Ahorro 2026”, vigente desde el 10 de junio hasta el 31 de agosto, y la inclusión de deudores en el servicio de información crediticia de Equifax, contratado mediante la licitación pública nacional N.° 1963/25 y formalizado en el contrato 9959/25, firmado en noviembre de 2025.

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Cómo funciona el envío

Según Rolón, solo se envía a Equifax a clientes que cumplen dos condiciones simultáneas: adeudar como mínimo 6 facturas y registrar una deuda superior a 1.500.000 guaraníes. Quedan excluidos automáticamente los usuarios de tarifa social, un universo de unos 250.000 clientes.

Desde julio, cuando arrancó el cruce de información, la ANDE remitió 25.073 clientes a la central de riesgo, con una deuda total tratada de 276.000 millones de guaraníes. De ese grupo, 4.347 personas ya fueron excluidas del listado —una efectividad del 17,3%— tras regularizar su situación, principalmente mediante fraccionamiento de deuda (86% de los casos) o pago total (14%).

Rolón afirmó que la deuda gestionada semanalmente se duplicó desde la implementación del sistema: de un promedio de 74.000 millones de guaraníes por semana a 135.000 millones, con las operaciones de financiamiento subiendo de 10.000 a 18.000 por semana. La recaudación de julio de 2026 fue un 20% superior a la de julio de 2025, según los datos presentados por la ANDE.

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El grueso de la deuda está en el sector residencial

Rolón precisó que la morosidad se concentra en el grupo de consumo residencial, que antes de la campaña reunía 350.000 clientes con cinco o más facturas impagas y una deuda acumulada de 165 millones de dólares. Al cierre de julio, esa cifra bajó a 138 millones de dólares y 280.000 clientes.

En contraste, la deuda del segmento de tarifa social ronda los 10 millones de dólares, y la de los clientes en media tensión es levemente inferior a esa cifra.

El presidente de la ANDE, Miguel Báez, sostuvo que bajar la morosidad es indispensable para sostener las inversiones de la estatal: “Si la ANDE no consigue mejorar el índice de morosidad, tampoco consigue hacer obras, se nos retrasan obras de infraestructura, porque cualquier préstamo que uno haga tiene un componente local”, señaló.

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Diputado pide segmentar a los deudores

El diputado Raúl Benítez cuestionó qué criterios técnicos definen a quién se envía a Equifax y pidió que la ANDE, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y el Banco Central trabajen en conjunto para segmentar la situación económica de los deudores residenciales, distinguiendo entre quienes “verdaderamente no tienen trabajo” y quienes simplemente priorizan otros gastos.

“Queremos conocer la situación económica de la gente a la que ANDE está mandando a Equifax”, afirmó Benítez, quien pidió a la ANDE una respuesta por escrito sobre los parámetros usados para incluir o excluir grupos de clientes.

Un representante de Equifax defendió el mecanismo señalando que la Ley 6534/2020 habilita el registro de morosidades, y que la inclusión también genera un historial crediticio positivo para quienes pagan en tiempo y forma, en un país donde, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), seis de cada diez paraguayos están en la informalidad laboral.

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¿Y las deudas del Estado?

Consultado por el experto en el sector eléctrico Germán Escauriza sobre si organismos estatales figuran entre los morosos, Rolón respondió que las entidades públicas reciben un tratamiento diferenciado, negociado a través de la Dirección General de Empresas Públicas. Citó como ejemplo un convenio cerrado a fines de 2025 con la Industria Nacional del Cemento (INC), por una deuda de más de 30 millones de dólares, hoy prácticamente saldada.

Rolón agregó que la ANDE mantiene mesas de trabajo con otros grandes deudores estatales, entre ellos Essap, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En cambio, indicó que a los municipios se les corta el servicio “como a cualquier cliente normal”, ya que cuentan con ingresos propios.

La Sedeco y la DNIT, presentes en la audiencia, se comprometieron a colaborar con la ANDE en el análisis de la información crediticia de los clientes residenciales, aunque advirtieron sobre los límites del secreto tributario para compartir datos identificables.