El reciente decreto que declaró feriado nacional el viernes 26 de diciembre volvió a instalar el debate sobre el impacto económico de este tipo de medidas, especialmente cuando son adoptadas sin un proceso previo de discusión con los sectores productivos.

El economista y docente universitario, Dr. Andrés Laconich, analizó el alcance de la medida desde una perspectiva macroeconómica y cuestionó el carácter unilateral de la decisión.

En su exposición, apeló a la conocida frase “L’État c’est moi” —atribuida al rey Luis XIV— para describir un esquema en el que el Poder Ejecutivo concentra la determinación de feriados nacionales sin un debate profundo ni consensuado con los actores económicos involucrados.

Según el profesional, el problema no radica en el derecho al descanso del trabajador ni en el valor social de los feriados, sino en la forma en que estos se gestionan.

Explicó que la paralización total de la actividad económica durante un día tiene un efecto directo sobre la productividad y el Producto Interno Bruto (PIB), cuyos costos son absorbidos principalmente por el sector privado, que debe afrontar salarios y cargas sin contraprestación productiva.

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Balance incierto

Desde el Gobierno, la justificación principal del feriado fue el fomento del turismo interno y las reuniones familiares en el marco de las celebraciones de fin de año.

Para Laconich, se trata de un objetivo legítimo y socialmente valorable, ya que puede dinamizar economías locales y beneficiar a pequeños productores y núcleos urbanos.

Sin embargo, advirtió que no existen datos públicos que permitan medir con precisión si los ingresos generados por el turismo compensan efectivamente la pérdida derivada de la no producción de una jornada completa.

“El problema es que no tenemos números claros para comparar cuánto se gana con el turismo interno y cuánto se pierde al detener la producción”, señaló el economista, al subrayar la necesidad de evaluar estas decisiones con indicadores concretos y no únicamente desde una lógica política o simbólica.

Lectura política

Más allá del impacto económico, Laconich también enmarcó la discusión en un plano político y social.

Recordó que Paraguay presenta elevados niveles de informalidad laboral y desempleo, datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares, y planteó que decisiones como la declaración de feriados adicionales pueden interpretarse como una búsqueda de apoyo social en determinados contextos políticos.

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Advirtió que este tipo de medidas, si no son equilibradas, pueden generar tensiones con el empresariado, que se siente desprotegido frente a costos adicionales impuestos por decisiones administrativas.

Beneficio mutuo

En este contexto, el Dr. Laconich planteó una alternativa que definió como un esquema “ganar-ganar” entre empleadores y empleados.

La propuesta consiste en reemplazar los feriados rígidos por un sistema de días compensatorios, que puedan ser canjeados por descansos en otros momentos, fines de semana o incluso días de vacaciones, de acuerdo con la naturaleza de cada puesto laboral.

De esta manera, los trabajadores mantendrían el beneficio del descanso y la reunión familiar, sin que las empresas deban interrumpir completamente su planificación productiva.

Sostuvo que este tipo de mecanismos permitiría preservar el bienestar social sin afectar negativamente la rutina productiva de las empresas ni el desempeño general de la economía. Además, introduciría mayor flexibilidad en la gestión del tiempo laboral, adaptándose a realidades sectoriales diversas.

Para el académico, el desafío de fondo consiste en encontrar un equilibrio entre lo que denominó “conquista social” y “conquista productiva”.

A su criterio, el país necesita avanzar hacia un modelo que combine ambos objetivos, evitando que el descanso y el bienestar social se contrapongan con la competitividad y el crecimiento económico. “Lo ideal sería un mix donde todos podamos ganar”, concluyó.

Feriado incierto

El debate se mantiene abierto de cara al inicio de 2026. Si bien de momento el viernes 2 de enero no fue declarado feriado y el propio presidente Santiago Peña expresó su intención de no avanzar en esa dirección, la posibilidad no está completamente descartada.

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, señaló que actualmente no está previsto un nuevo decreto, aunque aclaró que se trata de una facultad que puede ser revisada por el Poder Ejecutivo.

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