El presunto hecho de acoso sexual habría ocurrido el 22 de noviembre de 2021 en el edificio de la Gobernación del Alto Paraná. El proceso penal lleva casi cinco años y recién el jueves pasado se inició el juicio oral y público en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

El procesado es Gaspar Reinaldo Sánchez Canale, exsecretario de Planificación de la Gobernación del Alto Paraná, durante la administración del entonces gobernador Roberto González Vaesken (ANR).

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Durante la audiencia de este lunes, el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Flavia Recalde, Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo, escuchó las declaraciones de varios testigos. La audiencia quedó en cuarto intermedio y proseguirá el próximo viernes.

Representantes de la organización Kuña Poty acompañan el desarrollo del juicio, ya que realizan un seguimiento del caso desde la presentación de la denuncia. Sofía Masi, coordinadora de la organización, explicó que la observación busca evaluar cómo son abordadas las denuncias de acoso sexual en las instituciones públicas.

Masi lamentó que durante el proceso se hayan registrado preocupantes hechos de violencia institucional, como que la víctima haya sido convocada a declarar en reiteradas ocasiones.

“Vemos la revictimización como algo constante en estos procesos, porque la víctima tuvo que declarar cuatro veces en el marco del proceso, cuando debería haber sido necesaria una sola declaración”, expresó.

Otro aspecto que preocupa a la organización es la excesiva dilación del proceso. “Nos preocupa la justicia tardía. Nos preocupa que la Fiscalía haya tardado incluso tres años para presentar una imputación. Necesitamos mayor celeridad en el sistema judicial”, afirmó.

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Desde la organización realizaron además un mapeo sobre los casos de acoso sexual en instituciones públicas y determinaron que la mayoría carece de protocolos de actuación. En el caso de la Gobernación del Alto Paraná, hasta la fecha no cuenta con un protocolo para abordar este tipo de situaciones.

Asimismo, lamentaron la baja expectativa de pena prevista para este tipo de hechos y la ausencia de medidas de reparación y protección para la víctima, además de la falta de acciones de prevención y sensibilización dentro de las instituciones públicas.

Según la acusación, el día del hecho Sánchez Canale habría sujetado a la víctima del brazo y de la cintura, apretándola contra su cuerpo. La afectada logró zafarse tras empujarlo.

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Posteriormente, cuando la víctima ingresó a una oficina en busca de documentos, Sánchez Canale supuestamente cerró la puerta y se lanzó sobre la joven, abrazándola a la fuerza e intentando manosearla en sus partes íntimas. La víctima nuevamente consiguió liberarse mediante un empujón.