A través del AI N° 98, la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Lici Sánchez, quien interina a su colega Rosarito Montanía, resolvió mantener la calificación y la medida de prisión en relación a Irma Vergara, alias Menchi, acusada en el marco del operativo A Ultranza.

La mujer está privada de libertad desde el 16 de marzo de 2022, medida que se le impuso a través del AI N° 49, tras ser imputada por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, por los hechos punibles de lavado de dinero en asociación criminal por la Ley N° 1.340/88.

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Sin embargo, el pasado 23 de febrero, el fiscal Deny Yoon Pak acusó a Irma Vergara por los hechos de lavado de dinero en asociación criminal, pero por el Código Penal. Junto con ella también fueron acusadas otras 13 personas, entre ellas su pareja Alexis Vidal González Zárate y el hermano de este, Tadeo Moisés.

Por esta razón, el abogado Eduardo Andrés Cazenave Velilla, defensor de Irma Vergara, planteó incidente de cambio de calificación y revocatoria de la medida de prisión preventiva, teniendo en cuenta que al haber acusado la Fiscalía, su cliente no podría obstruir la investigación y sosteniendo que quedó probado su arraigo y, por ende, no hay peligro de fuga.

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Debate debe hacerse en la preliminar

En su análisis, la magistrada señaló que Irma Vergara fue imputada según disposiciones previstas en la Ley 1.340/88 y su modificatoria, pero fue acusada encuadrando su conducta según las mismas disposiciones pero del Código Penal y, “en tal sentido, la pena mínima prevista penalmente relevante es la de seis meses, es decir, a esta altura del proceso la misma se ha excedido con creces, ya que su defendida se encuentra privada de su libertad por el tiempo de un año, un mes y doce días hasta hoy”, sostuvo.

En tal sentido, subrayó que “la calificación provisoria otorgada por el Juzgado conforme al A.I. N° 49, de fecha 16 de marzo de 2022, respecto a la incoada, es por el supuesto hecho punible previsto y penado en los artículos 42 y 44 de la Ley 1.340/88 y su modificatoria, calificación que, a la fecha, sigue vigente”, cuyo marco penal va de 5 a 15 años de prisión.

Ante esos hechos, la jueza Sánchez indicó que “el momento procesal oportuno para establecer si existen méritos suficientes para modificar o no la calificación jurídica es la audiencia preliminar”.

Finalizó la jueza Lici Sánchez diciendo que la medida a Vergara no ha sobrepasado la pena mínima que podría imponérsele en caso de condena, “teniendo en cuenta que la calificación provisoria otorgada por este Juzgado se encuadra dentro de lo previsto en Ley 1.340/88, cuyo marco penal es de 5 a 15 años de penitenciaría respectivamente”.

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Detenida en el megaoperativo “A Ultranza”

El 16 de marzo de 2022, Alexis Vidal González y su pareja Irma Vergara fueron detenidos por la Policía en la zona del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, en el marco del operativo internacional antidrogas denominado “A Ultranza”. Según datos, formarían parte de un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Ambos iban a bordo de un automóvil Kia Pride gris plateado con chapa BUV 801, que estaba al mando de una tercera persona, cuando fueron abordados por agentes de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná.

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Los investigadores detallaron que la pareja iba en la parte trasera del vehículo y el personal realizó el control correspondiente. “Les pidió los documentos y se constató en el sistema de la Policía que tenían órdenes de captura”.

Según datos del Ministerio Público, Alexis Vidal González se desempeñaba como coadministrador de “Total Cars” y vicepresidente del “Grupo San Jorge SA” y su esposa Irma Vergara, coadministradora del grupo empresarial. Vidal además es considerado como uno de los principales testaferros de la estructura liderada por Marset en conjunto con Miguel Ángel Insfrán.

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También se señala a Vidal como el responsable de la administración de “Total Cars”, pero de las sedes de esos negocios en Asunción y Ciudad del Este. Mientras que Tadeo, su hermano, sería parte de “Total Cars” y del “Grupo San Jorge SA”, claves para el lavado de activos provenientes del tráfico.