La investigación del fiscal Silvio Corbeta apunto a Joaquín Roa Burgos, quien gozaba de prestigio por su trabajo y por su carácter afable, al punto tal que fue ministro de los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.

El otro punto de investigación fue Alberto Koube, , representante legal y propietario del Grupo Tapyracuai S.A., considerado por los antidrogas como el contador de un poderoso grupo de narcotraficantes, liderado por José Alberto Insfrán, alias Tío Rico, preso en la cárcel de Viñas Cue y Sebastián Marset, prófugo de la Justicia.

De hecho, la extracción de mensajes, producto de la investigación del caso a Ultranza Py, llevada adelante por el fiscal Deny Yoon Pak y agentes de la unidad Sensible de Investigación de la Secretaría Nacional Antidrogas permitió conocer cómo parte del dinero obtenido con el narcotráfico fue objeto de lavado con emprendimientos de la SEN

El tiempo en que ocurrió el hecho

Todo esto ocurrió en el periodo de tiempo comprendido entre enero del 2018 a diciembre del año 2021, cuando Roa se desempeñaba como ministro de la SEN, durante el gobierno de Abdo Benítez, según la acusación del fiscal Silvio Corbeta, Roa benefició a once empresas ligadas a Alberto Koube con pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000,000 provenientes del fondo de emergencia., afirma el escrito.

A cambio, según el fiscal Corbeta, el exsecretario de Estado recibió en agosto del 2018 una embarcación de la marca Azimut AZ 42, importada por la empresa Tapyracuai que era la representante oficial en Paraguay de la referida marca de yate, cuyo valor en el mercado asciende a USD 450.000

Para la fiscalía, esto fue a cambio de adjudicaciones de licitaciones a través de los fondos de emergencia, de las cuales se han descubierto que pertenecían principalmente a los rubros de alquiler de camiones y de provisión de chapas de fibrocemento.

“Joaquín Roa Burgos, por medio de un contrato privado de compra venta sin certificación de firmas suscrito con el Grupo Tapyracuai S.A. y de pagarés por el cual se obligaba a pagar un saldo de U$ 85.000 en cuotas, intentó justificar la procedencia y adquisición de la embarcación valorada en Gs. 3.200.000.000 de acuerdo a su declaración jurada presentada en la CGR o de U$ 450.000 de acuerdo al contrato privado suscrito entre ambos acusados el 22/08/2018, sin embargo se ha logrado determinar que dicha transacción comercial en realidad no existió siendo una simulación realizada en acuerdo por ambos acusados, para asegurarle al funcionario público el disfrute del bien obtenido de manera ilícita”. remarca el fiscal.

El 24 de febrero de 2022, Roa fue destituido por el presidente Abdo Benítez, tras conocerse la información, de la incautación del yate Antares, de su propiedad-.

El 5 de mayo , el juez José Delmás lo procesó y lo envió a la cárcel. Actualmente está con libertad ambulatoria.

Una simulación contractual para maquillar la operación

En la acusación el fiscal Silvio Corbeta fundamenta el motivo por el cual afirma que el yate adquirido fue una simulación.

“El citado contrato privado de compra venta suscrito entre Alberto Koube y Joaquín Roa en el mes de agosto del 2018 se trataría de una simulación, el cual ni siquiera consta de una certificación de firma por un escribano público que nos permita tener una fecha de cierta de la operación”.

El fiscal explica que Roa solo pagó una parte, producto de un préstamo bancario.

“Ni Joaquin Roa ni Alberto Koube, cuentan con la posibilidad de acreditar el pago de la diferencia resultante del crédito de Banco Basa de 150.000 USD, no encontrándose justificada al menos los 300.000 USD, considerando que el monto total de venta era de 450.000 USD, lo cual nos lleva a concluir de manera razonable que resultaría la obtención de un objeto proveniente de un hecho antijurídico, constituyéndose como una conducta de lavado y además siéndole prohibido la recepción de beneficios económicos indebidos en su carácter de funcionario público”, dice la acusación

Corbeta enfatiza en que Roa disfrutaba de manera oculta de un bien obtenido ilícitamente, en este caso el l yate Azimut 42 transferido por Alberto Koube.

Añade que el referido procesado conocía su origen. “motivo por el cual no se facturó la compra venta del yate, se suscribieron contratos falsos en los cuales se sobre estimaron los costos reales de los supuestos bienes entregados como parte de pago por Joaquín Roa que incluso ya no estaban en su posesión como la Nissan Patrol, vendidas a un tercero dos años antes (2016), tampoco se acreditó su propiedad respecto de la embarcación Monterrey recibida como parte de pago por Tapyracuai por valor de 200.000 USD, debido a que no existe ningún registro que avale su propiedad, que además tenía un costo muy inferior al asentado en este contrato privado simulado, tampoco fue registrado o transferido la Azimut 42 a su nombre para evitar que sea detectado que dicho yate formaba parte de su patrimonio”,

Las empresas que obtuvieron concesiones cuestionadas

El megaoperativo a Ultranza Py realizado el 22 de febrero de 2022,no solo buscó detener a los responsables del envío de cocaína, desde Paraguay a Europa, sino a identificar todos los bienes adquiridos por el grupo.

El hallazgo de un yate, perteneciente a un ministro del Poder Ejecutivo, fue comunicado por el entonces fiscal adjunto antidrogas Marco Antonio Alcaraz, hoy ministro de la Secretaría de Inteligencia a la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El fiscal Silvio Corbeta fue asignado a la causa. El agente determinó que Roa favoreció a al Grupo Tapyracuai S.A. y Distribuidora San Blas, de Koube.

Pero también supuestamente favoreció a otras estructuras empresariales vinculadas a Koube, que son las siguientes:

1. SOFIMAC de Joaquín Nunes ? amigo de infancia de A. Koube

2. NOEMACOL S.A. de María Noelia Colmán ? pareja sentimental de A. Koube ? miembro de su grupo criminal caso ULTRANZA PY

3. JPA LOGÍSTICA de Juan Pablo Acosta ? proveedor de camiones

4. TRANSPORTE DE MATERIALES Y CARGAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, de Katherine Ayala, pareja de Osvaldo Cubilla, Cliente del Grupo Tapyracuai y amigo de A. Koube. todo esto, según la acusación.

“Con estas adjudicaciones reiteradas al grupo empresarial creado por el mismo , se le posibilitó mezclar ese dinero lícito justificado con las contrataciones concedidas por la SEN, para legitimar dinero o bienes productos de actividades ilícitas como el narcotráfico, y en consecuencia mezclarlos para poder utilizarlo dentro del sistema financiero formal. Siendo así se da todas las vías fácticas tendientes a las etapas o fases que requiere el Lavado de Activos, tales como: obtención de un objeto, disimular, colocar, ocultar e integrar” , refiere la acusación sobre Koube, quien además está acusado en el caso A Ultranza.

Roa fue acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos. El juez Rodrigo Estigarribia tiene la causa.